En medio de la investigación penal que se está llevando a cabo por la polémica compraventa de la ex clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, los parlamentarios querellantes del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, solicitaron formalmente la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que presente una querella por el delito de fraude al Fisco en contra de la alcaldesa Irací Hassler y de todos quienes participaron activamente en la transacción del inmueble.
De acuerdo al escrito que presentaron los diputados republicanos en su presentación con el presidente del organismo, Raúl Letelier, se instó al Consejo de Defensa del Estado a involucrarse en este caso, dado que dentro de sus funciones están facultados a ejercer acciones penales cuando se tratan de delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Fisco tales como malversación o defraudación de caudales públicos, y cuando hay delitos de cohecho y negociación incompatible que sean ejecutados por funcionarios públicos.
Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “Contraloría ya advirtió que jurídicamente había irregularidades en esta compra y ahora es el turno del Fisco, a través del CDE, el que demuestre un interés por defender el patrimonio municipal y asuma un rol clave para esclarecer las responsabilidades penales de quienes estuvieron involucrados en este delito. Es necesario que este organismo asuma la defensa del municipio de Santiago, ya que es inviable que la persecución del delito quede en manos de la alcaldesa Hassler, quien intervino y lideró este fraude”.
Irarrázaval agregó que “organismos como el Conservador de Bienes Raíces, la Contraloría, la Fiscalía y la misma justicia han hecho lo imposible por detener el fraude, y sólo falta el CDE que se haga parte de este proceso. Aquí existió una operación que apuntaba a defraudar al Fisco a costa de la salud y bienestar de los vecinos de la comuna, y es repudiable que la alcaldesa insista en desligarse de su responsabilidad política cuando ella mismo dirigió y amparó esta corrupta compra. Durante todo este tiempo sólo se ha dedicado a entorpecer las diligencias para que no se encuentren a los responsables”.
En la misma línea, el diputado Johannes Kaiser precisó que una de las funciones del Consejo de Defensa del Estado es velar por el patrimonio del Estado, por lo que el organismo público debe hacerse parte del proceso en cuestión mediante la correspondiente querella criminal.
“El Consejo de Defensa del Estado es un organismo público que está llamado precisamente a la defensa del patrimonio del Estado, por consecuencia, junto al diputado Juan Irarrázaval, estamos solicitando que se haga parte de este proceso en defensa de los intereses económicos de la Municipalidad de Santiago, así como de los habitantes de la comuna, pues aquí estamos hablando de montos no menores de recursos públicos que están en peligro de ser dilapidados o de ser fraudulentamente traspasados a un tercero”, puntualizó Kaiser.
Por su parte, el abogado representante de los diputados querellantes, Sergio Rodríguez Oro, aseguró que “es obligación del CDE intervenir en todos los delitos que afecten la probidad, lo que precisamente ocurre en este caso. Los funcionarios municipales violaron su obligación de empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Celebraron una compraventa conociendo que se estaba comprando un inmueble a cuatro veces su valor comercial y en relación al precio adquirido por el vendedor en fecha reciente. Un inmueble que tiene restricciones de uso o destino, de construcción y altura, por encontrarse en una zona de Conservación Histórica y Típica. No obstante, las alertas de algunos funcionarios de las unidades técnicas, los jefes de cada repartición y la alcaldesa celebraron rápidamente un contrato, afectando de manera concreta el patrimonio municipal. Lo anterior constituye una infracción al principio de probidad y, por ende, un acto de corrupción”.
Rodríguez añadió que “compraron “chatarra médica” a un valor incluso superior a las instalaciones de hospitales nuevos de alta complejidad. Se debe investigar la razón por la cual actuaron de este modo. El CDE debe intervenir y colaborar con la actuación del Ministerio Público, como lo ha hecho incluso en casos que el perjuicio es sustancialmente menor”.
