Los diputados del Partido Republicano solicitaron a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de la eventual responsabilidad de la directora de la Dirección Administrativa de la Presidencia Antonia Rozas Fiabane, en el polémico cambio de nombre del “Gabinete de la Primera Dama” a “Gabinete Irina Karamanos”.
Si bien el hecho fue tildado por La Moneda como un “error administrativo” y subsanado, los diputados buscan, junto con determinar si Rozas u otro asesor tiene algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido, también se indague respecto de la legalidad de la acción iniciada el 30 de marzo pasado.
Los legisladores explicaron que la resolución “ha generado una inmensa polémica toda vez que a través de ella se ‘personaliza’ e ‘ instrumentaliza’, un cargo público, cuya finalidad debe ser siempre la consecución del bien común”.
“Se han generado fuertes cuestionamientos acerca del posible exceso en las atribuciones que se le han encomendado a la Directora de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, Antonia Valentina Rozas Fiabane. En este contexto, hay que tener presente que las autoridades tienen el deber de respetar los principios constitucionales que regulan la convivencia en comunidad”, señalaron los parlamentarios en el documento.
El jefe de la bancada Republicana Cristóbal Urruticoechea, afirmó que “nos parece un tremendo despropósito. El Estado trasciende a las personas. Esto es personalismo puro, que de no ser porque el tema se convirtió en una fuerte polémica, hubiera seguido pasando desapercibido, como ocurrió desde el 30 de marzo hasta hoy”.
“Chile atraviesa una severa crisis de seguridad y económica, y en vez de estar preocupados de solucionar esos problemas, el Ejecutivo cae en estas pequeñeces, dignas de un grupo de infantes. Las autoridades deben dar cumplimiento irrestricto al principio de legalidad en todas sus actuaciones y esta situación parece alejarse completamente de ello”.
Mientras que por su parte, la diputada y subjefa de bancada Chiara Barchiesi, coincidió en que la Resolución Exenta de la Dirección Administrativa de la Presidencia data de marzo pasado, y que “de no haber sido porque el tema se transformó en una polémica, no se hubiera corregido”.
“Asimismo, solicitamos que se adopten todas las medidas pertinentes, incluyendo sanciones administrativas, para el caso de que se estime la verificación de actos contrarios a la ley. Queremos recordar a los integrantes del actual Gobierno, que Chile no parte con su llegada al poder. Chile lleva más de 200 años, en que con esfuerzo se ha construido este país”, finalizó la legisladora.
