El jefe de la Bancada de Diputados Republicanos Cristóbal Urruticoechea, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional, con el fin de que se cree la “Defensoría de las Fuerzas de Orden y Seguridad”, destinada a funcionarios de Carabineros y PDI.
En el documento, el legislador explica que tal como cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse ante los tribunales, se hace necesario consagrar en particular el derecho de los efectivos de ambas instituciones a la “defensa letrada, proporcionada con recursos fiscales y totalmente gratuita para ellos”.
La iniciativa incorpora un nuevo inciso en el Artículo 102 de la Carta Fundamental, que contempla “el resguardo de la libertad y responsabilidad de las policías en el ejercicio de sus funciones. De manera que puedan optar de manera gratuita a representación y defensa jurídica de cargo de la institución a la que pertenecen”.
Asimismo, el proyecto busca que se otorgue -también de manera gratuita- ayuda psicológica y emocional a aquellos funcionarios que se vean sometidos a indagaciones de diversa índole.
“A pesar de las palizas, de los insultos, de falsas acusaciones y de los intentos de asesinatos las policías siguen defendiendo a cada una de las familias de nuestro país. Ellos merecen todas las medidas de protección necesarias para recuperar todo el daño que durante años han hecho en su contra. Es vergonzoso que los delincuentes tengan quién los defienda y nuestras policías no”, sostuvo el diputado autor de la moción.
El proyecto de reforma constitucional, establece que las funciones de esta nueva entidad jurídica, serán realizadas por “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado ‘Defensoría de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública’, que contará con un equipo multidisciplinario encargado de la representación y defensa judicial de los funcionarios de esas instituciones, y de entregarles apoyo psicológico y emocional durante los procesos judiciales y administrativos”.
“Estos servicios profesionales serán siempre gratuitos para los funcionarios. Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de la Defensoría de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la forma en que se otorgarán dichos servicios profesionales”, finaliza el escrito.
