Con indignación reaccionaron los diputados Republicanos ante los resultados del informe de la Contraloría, que reveló que 58 beneficiarios de pensiones de gracia son personas que tienen antecedentes penales por crímenes como homicidios, estafa, tráfico de drogas e incluso producción de material pornográfico infantil, por lo que anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se indague si existe algún ilícito en el cuestionado otorgamiento.
En ese sentido, el legislador Luis Fernando Sánchez sostuvo que “tenemos la sospecha desde la bancada republicana que las implicancias podrían ser no sólo políticas, sino que también jurídicas, penales. Porque aquí podría haberse diseñado o construido maliciosamente una máquina de defraudación fiscal desde el Gobierno así como se hizo con las fundaciones. Podría estar haciéndose también para efectos de entregar pensiones de gracia a personas condenadas por delitos, entregárselas generosamente sin mayor revisión y así tener un ejército de delincuentes, un ejército de personas que no merecían estas pensiones, ¿para qué? Quizás para las manifestaciones, para las marchas habituales en las calles, ¿para eso se está usando la plata de todos los chilenos?”.
“Aquí podría haber una situación de malversación de caudales públicos y por eso vamos a presentar con la Bancada Republicana una denuncia ante el Ministerio Público, solicitándoles que investiguen a todos quienes puedan ser responsables, porque aquí el informe de la Contraloría habla no solo de una persona sino que de múltiples personas, particularmente dentro de la Subsecretaría de Interior pero esto podría extenderse incluso más allá, entonces que el Ministerio Público investigue a todos, todos los que puedan ser responsables por el eventual otorgamiento malicioso con fines de defraudación fiscal de pensiones de gracia que además incluía por parte del Presidente de la República su aumento unilateral inconsulto de los montos que se entregaban a estos pensionados de gracia”, agregó el parlamentario por la Región de Valparaíso.
Mientras que el diputado José Carlos Meza apuntó sus dardos al subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien cuando estuvo en la Comisión Especial Investigadora que abordó estos beneficios afirmó que sólo eran 41 personas con pensiones de gracia que mantenían antecedentes penales y no los 58 que contabilizó la Contraloría.
“Ha quedado en evidencia que el Subsecretario del Interior, el señor Monsalve, cuando estuvo el día 13 de septiembre del 2023 en la Comisión Especial Investigadora que analizaba justamente el otorgamiento de estas pensiones de gracia, mintió ante este Congreso Nacional. La declaración textual del subsecretario Monsalve es que solo 40 de las personas que eran beneficiarias de esta pensión de gracia tenían antecedentes penales, pero lo cierto es que eran 58. Hay 18 de estos personajes que el señor Monsalve omitió. Y yo me pregunto, ¿el señor Monsalve no conocía estos antecedentes luego de toda la polémica levantada, luego de haber sido citado a exponer a esta Comisión Especial Investigadora? ¿Cuando concurre a esta Comisión lo hace sin los antecedentes suficientes, lo que demuestra su absoluta falta de preparación y su total desgano con el trabajo? ¿O teniendo todos los antecedentes, el señor Monsalve los omite descaradamente? Porque lo peor de todo es que este tipo de omisiones no son nuevas en este Gobierno”, aseveró el parlamentario Republicano por la Región Metropolitana.
Asimismo, Meza también recordó el episodio de la ministra de Medio Ambiente Maissa Rojas, quien en comisión de Medio Ambiente aseguró que había ido sólo una vez a la casa de Zalaquett, pese a que después informó de otras dos citas con empresarios en la vivienda del ex alcalde y actual lobbista.
“Estamos cansados de un Gobierno que viene a las instancias de diálogo institucional en este Congreso de la República a mentir. Estamos cansados de un Gobierno que oculta información y por lo tanto queda ahora en manos del Presidente de la República la permanencia de un subsecretario que en una comisión especial investigadora mintió descaradamente a los parlamentarios”, agregó enfático.
Por su parte, el diputado Cristián Araya, integrante de la comisión de Seguridad calificó el informe de Contraloría como “categórico” y añadió que a su juicio “aquí evidentemente hay un mecanismo. Por una parte hay negligencia, y la negligencia grave equivale al dolo. Pero también hay un mecanismo”.
“La entrega de estas pensiones de gracia no son al azar. Nadie puede creer que se les entrega a cualquiera. No, no. Aquí hay gente que se ha determinado y hay que identificar quiénes son los que están detrás de la promoción de estos nombres y de las autorizaciones. Que 58 peligrosos criminales reciban este beneficio da cuenta de que hay toda una red de protección de estos criminales. Y eso es lo que vamos a perseguir. Esas responsabilidades las vamos a exigir”, finalizó.
