La Bancada de diputados Republicanos presentaron un requerimiento en la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de las asignaciones parlamentarias otorgadas por el Senado a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Esta acción fue presentada por los legisladores Agustín Romero, José Carlos Meza, Luis Fernando Sánchez, Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Stephan Schubert, Harry Jürgensen, Renzo Trisotti, Catalina del Real, Cristóbal Urruticoechea, Benjamín Moreno, Sofía Cid y Juan Irarrázaval, quienes también solicitaron que de encontrarse anomalías, se ordene “la instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas que pudiere haber respecto de los hechos ya expuestos”.
En el documento, los parlamentarios exponen que la dieta de los expresidentes está regulada en los incisos 2, 3 y 5to del artículo 30 de la Constitución, en conjunción con el artículo 62 de la misma Carta Magna.
Así, el artículo 62, sostiene que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado”. Mientras que la dieta asignada año a año por la Ley de Presupuesto y la asigna el Senado de la República.
Según explican en el texto, bajo esta asignación, “el Senado transfiere a los expresidentes, no solo el sueldo de los Ministros de Estado como mandata la Constitución como única renta, sino otras asignaciones parlamentarias que tienen su origen en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, (artículo 66 y siguientes) y las resoluciones que conformen a dicho artículo emanen del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, básicamente, para financiar todas las funciones parlamentarias”.
A juicio de los legisladores republicanos, esta situación “es a todas luces ilegal e inconstitucional, pues a los expresidentes solo se les debería pagar remuneración la dieta que reciben los parlamentarios, pero no las asignaciones parlamentarias, ya que estas asignaciones tienen causas en la función parlamentaria que ejercen los parlamentarios en ejercicio”.
“En otras palabras, las asignaciones que reciben los expresidentes de Traslación y Funcionamiento de oficina, no tienen fuente constitucional ni legal alguna, pues si bien el artículo 30 de la Carta Magna dispone que se le aplica el artículo 62 de la misma, las asignaciones parlamentarias como de traslado y oficina, solo la reciben los parlamentarios en ejercicio para cumplir con la labor parlamentaria, conforme al artículo 66 de la LOC del Congreso Nacional”, argumentan los parlamentarios.
En ese sentido, los diputados sostienen que llama la atención que con “estas asignaciones ilegales –en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet- financien incluso una fundación (Horizonte Ciudadano). Aquí claramente hay un nuevo torcimiento a la Ley: se reciben dineros para una función parlamentaria que no se tiene, pero en adición se destina ese dinero para una persona jurídica de Derecho Privado -una Fundación- cosa que ni los parlamentarios pueden hacer en el ejercicio de su cargo”.
