Polémicos han sido los últimos días para el subsecretario de Pesca Julio Salas, luego de que entregara datos erróneos a los diputados y senadores, durante la tramitación del proyecto de fraccionamiento de pesca en el Congreso Nacional.
El hecho causó que los legisladores adjudicaran menor cuota de merluza al sector industrial, respecto del artesanal, provocando un sismo en la industria pesquera, amenazando con la pérdida de miles de empleos a lo largo del país.
Esto llevó al diputado Republicano de la comisión de Gobierno Interior, José Carlos Meza y su par Agustín Romero, a presentar un proyecto de ley que busca establecer la obligación a los expositores de prestar juramento o promesa de decir verdad en las comisiones del Congreso Nacional.
La propuesta busca modificar el Artículo 7 bis en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el fin de terminar con casos como el protagonizado por el subsecretario Salas, llevando a los parlamentarios a legislar de forma errónea.
“Hemos llegado a la conclusión de que no existe ninguna sanción para quien comete este tipo de errores, sobre todo cuando se trata de errores que no son involuntarios, sino simplemente venir a mentir a la Cámara de Diputados”, señaló el legislador Meza.
El parlamentario agregó que por lo anterior, “hemos presentado un proyecto de ley que hemos denominado la Ley Grau. Lo que busca este proyecto de ley es que antes de iniciar su exposición, sea en una Comisión o en la Sala, todas las personas que expongan sean obligadas a prestar juramento de decir verdad por parte del Presidente de la Comisión respectiva, por parte del Presidente de la Sala en su momento”.
“¿Cuál es el objetivo de esto? Es que si finalmente se descubre que mienten, como ocurrió con el Subsecretario de Pesca (Julio Salas), que mintió respecto a los datos que entregó a la Comisión y a la Sala, se puede iniciar una investigación por el delito de perjurio y ahí determinar si es que ese error, fue un error involuntario y de buena fe, como alega hoy día el Ejecutivo, o derechamente fue una forma de engañar a la Cámara de Diputados”, detalló.
En esa línea, el integrante de la comisión de Gobierno interior, aclaró que “no se trata de censurar, sino de proteger el debate democrático y sancionar a quien busque engañar al país desde una comisión parlamentaria”.
Mientras que su par Agustín Romero, aseveró que “a la Cámara de Diputados no se le miente. A los chilenos no se les miente. Hemos sido testigos este último tiempo de errores groseros de parte del Ejecutivo que no tienen sanción. Lo vimos hoy día patente en la Ley de Pesca donde vemos que familias van a quedar sin trabajo por el cierre de una faena ahora y eso es producto de que vienen al Congreso autoridades y mienten descaradamente y después se esconden detrás de los famosos errores”.
“Bueno, pero esto no es un caso aislado. Tenemos un segundo caso, que es la Directora de Presupuestos. Tenemos un segundo caso, que es el Informe del Servicio Impuestos Internos de Michel Jorrat que se utilizó para fundamentar la Reforma Tributaria. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría para Chile que se hubiera aprobado un proyecto fundado en los errores que tenían esos proyectos que el propio Director de Impuestos Internos señaló que faltaba trabajo en los mismos? Entonces, esto no es un proyecto secundario, es un proyecto importante”, sostuvo Romero.
El parlamentario añadió que “aquí las autoridades del Gobierno tienen que jurar, decir verdad de lo que nos van a decir. Nosotros somos representantes de los chilenos y tomamos decisiones respecto del trabajo que hace el Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo miente y después se escuda en errores, las consecuencias las terminan pagando los chilenos. Acá no hay ningún parlamentario dando la cara por los empleos que están perdiendo los chilenos. No hay ningún parlamentario dando la cara porque este país no crece. Sin embargo, tenemos autoridades que siguen en sus cargos, no son removidas y se sigue trabajando con total impunidad y vuelven al Congreso regularmente a decir las mismas mentiras y eso es lo que queremos evitar con este proyecto”.
La iniciativa establece que “el Poder Ejecutivo, en su calidad de colegislador conforme lo establece la Constitución, aportan su propia visión respecto de las materias sometidas a discusión. Ésta es la razón por la que resulta necesario que las comisiones legislativas estén abiertas al debate público, recibiendo contribuciones del mundo académico, técnico y de la sociedad civil”.
“Precisamente, la concurrencia del Poder Ejecutivo, que tiene acceso a información privilegiada en variados aspectos, se torna fundamental. Por eso, se generan serios problemas cuando el debate legislativo se basa en presunciones, meras sensibilidades u otros elementos que no son comprobables. Del mismo modo, cuando se aportan antecedentes falsos, se tuerce severamente la voluntad democrática, se defrauda la fe pública y, con ello, se destruye la confianza en las instituciones, la que constituye un bien en sí mismo, imprescindible como pilar de la democracia”, añadió el documento.
Asimismo, en el proyecto de ley el parlamentario aseveró que: “El Congreso tiene el deber de resguardar que las decisiones legislativas —que afectan la vida de millones de personas— se tomen sobre la base de hechos ciertos y comprobables. La lamentable experiencia con las cifras falsas que se utilizaron en la discusión del proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial (Boletín N° 17096-21) pone de manifiesto que, cuando se legisla sobre la base de información errónea, se socava ante todo la voluntad democrática, se afectan los intereses legítimos de un sector y, finalmente, se deteriora la confianza en la ley misma.
¿Cómo será el procedimiento?
En el detalle, el texto de la iniciativa establece que dicho juramento o promesa”será tomado por el presidente de la comisión respectiva, en los siguientes términos:
“¿Jura o promete decir la verdad en todo cuanto exponga ante esta comisión?”
El expositor deberá responder afirmativamente, indicando: “Sí, juro” o “Sí, prometo”, según corresponda.
Finalmente, el documento finaliza señalando que “la obligación anterior deberá constar en acta, y su incumplimiento será motivo suficiente para suspender la intervención del expositor y dejar constancia de ello. En caso de falsedad en los antecedentes entregados o declaraciones realizadas, la comisión podrá disponer el envío de los antecedentes al Ministerio Público, si se estima que pudieren revestir carácter de delito”.
