A la Contraloría General de la República acudirán en las próximas horas la Bancada de Diputados Republicanos. Esto, luego de conocer la información que revelaba que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), había beneficiado “a dedo” a la radio “Nuevo Mundo” para transmitir en la frecuencia FM durante la campaña presidencial, pagando sólo 20 mil pesos.
La emisora está íntimamente vinculada al Partido Comunista, de hecho sólo emite información referente a esa colectividad, cuya principal figura hoy en día es la candidata presidencial del oficialismo, la ex ministra Jeannette Jara.
La información dada a conocer por El Líbero señaló que el medios de comunicación accedió a la banda de Frecuencia Modulada, luego de que el encargado de la Subtel, el militante comunista Claudio Araya, mediante una resolución exenta -que no se publica en el Diario Oficial-, decidiera extender de forma discrecional permisos experimentales, tanto a esta emisora como a Portales y Nacional, las que operarán en la frecuencia 87.5 MHz.
La nota precisa que “aunque por ser señales experimentales, las tres radios no podrán transmitir material pagado, como el de la propaganda electoral, pero actualmente el contenido de la radio Nuevo Mundo está supeditado casi en su totalidad al quehacer del Partido Comunista”.
Jefe de Bancada: “Puede haber una clara vulneración del principio de legalidad”
La información provocó sorpresa e indignación entre los diputados Republicanos, que luego de una deliberación decidieron acudir al ente fiscalizador.
“Hemos presentado a la Contraloría un requerimiento solicitando su pronunciamiento respecto de la legalidad del acto administrativo mediante el cual, la Subsecretaría de Telecomunicaciones otorgó, de manera directa y sin proceso, una concesión temporal en frecuencia FM a una radio vinculada al Partido Comunista, en pleno periodo electoral y por un monto irrisorio”, explicó el jefe de Bancada Cristián Araya.
En esa línea, el legislador Republicano agregó que “acá vemos que puede haber una clara vulneración del principio de legalidad, del deber de imparcialidad en el actuar de la administración y del principio de prescindencia política –ya reafirmado consistentemente por la Contraloría– que hacen imprescindible que el órgano contralor determine si estamos ante un uso indebido del aparato estatal y los recursos públicos con fines electorales”.
