El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, junto a los Consejeros Regionales (CORES) de zonas rurales de la Región Metropolitana, Víctor Valdés, Jaime González, Carlos Tellería, Edith Aedo (Republicanos) y Nicole Aguilera, Pedro Pablo Herreros y Javier Ramírez(UDI), presentaron hoy una denuncia formal ante la Contraloría General de la República contra el Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, por presunto incumplimiento en la ejecución de $45.193 millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (FATCON), establecidos por la Ley Nº 21.692 y la Ley de Presupuestos 2025.
Según el documento ingresado ante la Contraloría, el parlamentario acusó que Claudio Orrego no estaría destinando ni ejecutando los recursos asignados a proyectos de transporte público rural, modernización del transporte menor y conectividad territorial, y que estaría utilizando esos dineros hacia fines distintos a los establecidos. Además, el legislador denunció que la omisión en la entrega de los informes trimestrales obligatorios está impidiendo la fiscalización del Congreso y que estaría debilitando la transparencia en el uso de los fondos.
“Todos los días vemos cómo familias y trabajadores de las zonas rurales de la RM sufren por la falta de transporte digno. Durante años luchamos por una ley que nos incluyera, y finalmente fue aprobada el año pasado. Por eso resulta frustrante que el gobernador Orrego ignore la ley y se niegue a usar estos fondos para transporte, destinándolos a otros fines. La ley es la ley, y él tiene la obligación de cumplirla. Estamos terminando el año, y se trata de más de $45 mil millones, al menos $2.500 millones por comuna rural anualmente, que podrían ayudar a solucionar gran parte de los problemas que enfrentan estas zonas olvidadas de la región”, expresó el diputado Irarrázaval.
En el escrito también se precisó “que, la ejecución de las leyes -su puesta en marcha/aplicación- primero: no se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de turno, según le parezca o no que ella impacta en el financiamiento de iniciativas o proyectos en ejecución o por ejecutarse, ya que dicha conducta se constituye en una flagrante infracción al principio de juridicidad y segundo: habiéndose destinado los recursos para una finalidad especifica, dichos montos de dinero deben ejecutarse para lo que fueron dispuestos y no para otros proyectos”.
En la denuncia, el parlamentario republicano solicitó a la Contraloría analizar en profundidad los antecedentes expuestos, investigar de manera exhaustiva el manejo de los recursos, determinar las eventuales responsabilidades administrativas y adoptar todas las medidas y sanciones que correspondan, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión pública y que los fondos asignados al transporte público sean ejecutados cuanto antes para los fines establecidos en la normativa vigente.
FUENTE: OFICINA PARLAMENTARIA
