En junio pasado dos ciudadanos bolivianos fueron arrestados por Carabineros, mientras intentaban huir del personal uniformado de una base militar de la FACh, ubicada cerca de la reserva de la Pampa del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, donde fueron sorprendidos.
Durante la revisión a los sujetos, los funcionarios policiales de Pozo Almonte les encontraron un “croquis” del recinto castrense, lo cual dio pie a que en la Fiscalía Regional sospecharan de un caso de posible espionaje.
Pese a lo anterior, durante el proceso judicial, ambos sujetos fueron formalizados sólo por el delito contemplado en el artículo 17 de la ley 17.798 de Control de Armas, que sanciona a “toda persona que sin estar autorizada para ello fuere sorprendida en polvorines o depósitos de armas, sean estos militares, policiales o civiles, o en recintos militares o policiales cuyo acceso esté prohibido”, con la pena de presidio o relegación menores en su grado mínimo (es decir, de 61 a 540 días).
Lo anterior, fue motivo de preocupación para el diputado Republicano Luis Fernando Sánchez, quien presentó un proyecto de ley que busca establecer que en casos como el descrito, pase siempre por un fiscal militar.
De acuerdo al documento, la idea es que “sea obligatoria la intervención de un fiscal militar para resolver si estima del caso imputar alguno de los delitos del Código de Justicia Militar por tratarse, potencialmente, de un militar encubierto”.
“No puede ser que ante un caso tan grave como el ingreso de dos bolivianos a un recinto militar en el norte, donde además estaban levantando planos del lugar, esta causa sea conocida por un juez penal y los dos sujetos queden en libertad. Necesitamos que casos que comprometen recintos militares y nuestra seguridad nacional sean conocidos por una justicia especializada, y eso es la Justicia Militar”, señaló el diputado autor de la moción legislativa.
La iniciativa -que busca modificar el Artículo 109 del Código Penal-, se encuentra actualmente en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y será analizada el próximo martes 2 de septiembre.
“Esperamos tener una mayoría dentro de la comisión que entienda esto y podamos sacar adelante una reforma que traiga de nuevo el sentido común al conocimiento de causas que comprometen nuestra defensa”, finalizó el legislador.
