La diputada Republicana Chiara Barchiesi solicitó al Presidente de la República, Gabriel Boric, que envíe al Congreso Nacional un proyecto para evitar el bloqueo de ascensos a funcionarios de carabineros que estén bajo investigación judicial.
Se trata de un proyecto de resolución en el que, en detalle, se solicita al Primer Mandatario que cree una iniciativa que reforme el artículo 29 del Estatuto Administrativo de Carabineros, el que impide ascensos de funcionarios policiales, aun cuando no existan pruebas ni condenas firmes en su contra.
A juicio de la parlamentaria por el Distrito 6, (Valparaíso Interior), esta práctica “vulnera garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, contemplados en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental”, y constituye “una evidente injusticia y un perjuicio tanto personal como institucional”.
“Tras el estallido delictual de 2019, muchos carabineros fueron injustamente denunciados. A pesar de su intachable carrera, han sido perseguidos con procesos largos, sin pruebas serias, sin testigos, ni peritajes, y muchas veces, sin siquiera haber sido entrevistados por un fiscal. Lo más grave: una simple denuncia basta hoy para frenar su ascenso en la institución, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia”, explicó la legisladora.
En esta línea, la parlamentaria añadió que la idea de presentar esta iniciativa al Presidente de la República es que en el futuro no se sigan bloqueando ascensos en la policía uniformada, en particular en procesos judiciales que duran más de un año.
“No puede ser que quienes arriesgan su vida por Chile sean castigados, sólo por prejuicios ideológicos o por la lentitud de la justicia. Este proyecto busca restituir la justicia y la certeza jurídica dentro de nuestras policías”, añadió la legisladora.
La solicitud
En el documento, la diputada Barchiesi solicitó al Presidente Borica que su proyecto de ley establezca que: “Ningún funcionario podrá ser privado de su ascenso por el solo hecho de encontrarse procesado, cuando el proceso judicial se prolongue por más de un año desde la formalización, en caso de delitos comunes”.
Asimismo, “la autoridad competente no podrá suspender el decreto de ascenso en tales casos, asegurando el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”.
Y por último, “establecer mecanismos claros que equilibren la necesidad de cautelar la probidad institucional con el respeto a los derechos fundamentales de los funcionarios”.
