Un grave caso de intervencionismo electoral denunció este miércoles en la Contraloría General de la República el diputado Republicano José Carlos Meza, ocurrido en las dependencias de la Municipalidad de Renca.
Se trata de un hecho ocurrido el pasado martes 28 de octubre, durante una reunión mensual de clubes de adulto mayor, realizada en el Salón Rayún, ubicado en la Avenida Domingo Santa María 3987, de la citada comuna.
Allí, un individuo que hablaba a los presentes, fue consultado por el futuro de la Pensión Garantizada Universal, respondió: “Es súper simple vecina. La PGU hoy día… si bien se dan cuenta que dice ‘Pensión Garantizada Universal’, no es universal, porque las mujeres se jubilan a los 60, pero la reciben a los 65. Es postulable. Bueno. Ese es un logro que nosotros como Gobierno hemos defendido, como sectores hemos defendido. Lamentablemente, vecina, yo le tengo que contar que en la eventualidad de que otra persona estuviese de Presidenta o Presidente, lamentablemente, esa persona puede quitar la PGU. Por lo que, como yo les decía al principio, vecina, estos avances y estas mejoras para nosotros y nosotras, esos avances, deben defenderse”.
Ante esto, el legislador Republicano decidió acudir al ente fiscalizador, con el fin de que se investigue la situación, tomando en cuenta de que en la citada reunión participaron también el Subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, y el Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quienes intervinieron antes que el mencionado orador.
“Vecina, vecino, le han mentido descaradamente y no lo vamos a tolerar. Estamos acá en la Contraloría General de la República para presentar una denuncia por intervencionismo político y por mentiras establecidas en dependencias municipales en reuniones con adultos mayores”, sostuvo el parlamentario a las afueras del ente fiscalizador, ubicado en Santiago Centro, frente a La Moneda.
En ese sentido, Meza agregó que “la Subsecretaría de Previsión Social va a tener que responder, no a mí, va tener que responder a la Contraloría por las mentiras que está esparciendo. No puede ser que sigan amenazando a los adultos mayores, diciéndoles que la PGU se va a terminar. Lo hemos dicho fuerte y claro, nosotros vamos a mantener y mejorar todos los beneficios para los adultos mayores. Ahora será a la contraloría a quien tendrán que responderle”, aseveró.
En el documento presentado ante la Contraloría, el legislador explicó que lo anterior es “una violación flagrante al deber de prescindencia contemplado en el artículo 19 y el artículo 62 N° 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (contenida en el DLF 1-19653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). El cual sostiene que: ‘El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración’”.
Meza también invoca el artículo 62 N° 4 del mismo cuerpo legal sostiene que: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.
