La diputada Republicana Chiara Barchiesi llegó hasta la Contraloría Regional de Valparaíso, para ingresar un requerimiento dirigido a la contralora general Dorothy Pérez, solicitando una investigación completa por la cadena de decisiones que, tras una licitación para reparar baños, tiene hoy al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe al borde del cierre operacional y con sus internos en vías de ser trasladados a otros recintos.
En su presentación, la parlamentaria pidió a Contraloría examinar la legalidad de la licitación ID 1953-47-LE25, adjudicada por $37.808.872 a Constructora y Servicios Berroeta SpA, con el fin de reparar los baños colectivos del penal, revisar el cumplimiento de las bases, la eventual ejecución de la boleta de garantía, la aplicación de multas y la posibilidad de instruir un procedimiento disciplinario contra los funcionarios responsables en la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, así como en el propio Ministerio de Justicia.
Barchiesi recordó que en el CCP de San Felipe se aloja una población cercana a 350 personas privadas de libertad, pese a que la capacidad máxima del recinto es de 232 internos, lo que implica un escenario de sobrepoblación y hacinamiento que también golpea a los funcionarios. A ello se suma que, según denuncias de asociaciones de gendarmes, durante las obras la empresa habría demolido muros de carácter estructural, tras lo cual un informe de ingeniería declaró el lugar inhabitable, motivando el cierre funcional del recinto y el futuro traslado de internos y personal a otras comunas.
“En plena crisis carcelaria, cuando el país no tiene plazas suficientes para enfrentar al crimen organizado, es inaceptable que por una obra mal gestionada y por decisiones administrativas poco transparentes terminemos cerrando en la práctica una cárcel completa en la provincia de San Felipe”, señaló la diputada.
La parlamentaria también cuestionó la respuesta pública de Gendarmería: “La Dirección Regional emitió un comunicado escueto, que no explica cómo se dañó la estructura del penal, no se hace cargo del rol de la empresa, no asume responsabilidades internas y tampoco fija plazos para rehabilitar el centro penitenciario. Hoy hay incertidumbre para los internos, para sus familias y, sobre todo, para los funcionarios que no saben si serán trasladados lejos de sus hogares en el valle de Aconcagua. Esa opacidad es precisamente lo que queremos que Contraloría aclare”.
Desde el interior del penal, el sargento segundo de Gendarmería y secretario de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) en San Felipe, Francisco Soto, describió el clima que se vive entre los funcionarios: “Estamos frente a un cierre apresurado de la unidad, sin contar aún con un informe técnico acabado, con todos los estudios que avalen una decisión de este calibre. Eso no sólo va en estricto perjuicio de la población penal sino también del personal uniformado y civil que presta servicio en la unidad y de sus familias. En Chile existe una alta tasa de hacinamiento a nivel nacional y el cierre de unidades sólo va a sobrepoblar aún más otras cárceles de la región y fuera de la región. Además, en rigor son sólo 4 los dormitorios afectados de un total de 15, y eso también nos parece llamativo”.
El dirigente valoró que el tema haya llegado a la Contraloría: “Agradecemos que la diputada Barchiesi haya sido la primera en tomar la voz por lo que está pasando en San Felipe. Sentimos que no estamos solos, que alguien está poniendo el foco donde corresponde: en cómo se usaron los recursos públicos, qué decisiones se tomaron y quién se hace responsable de que hoy el CCP esté al borde del cierre”.
La acción de Barchiesi se suma a los oficios de fiscalización que en esta misma materia despachó ayer al ministro y al subsecretario de Justicia y a las autoridades de la Dirección Nacional y Regional de Gendarmería. La parlamentaria anunció que “vamos a llegar hasta el final para que este caso no quede en el olvido ni se resuelva con un simple traslado de personas. En medio de la crisis carcelaria que vive Chile, el gobierno ha sido incapaz de cuidar la poca infraestructura penitenciaria disponible, y eso es gravísimo para los internos, para la seguridad de la ciudadanía y para los funcionarios. Aquí hay decisiones políticas y administrativas que deben revisarse y, si corresponde, sancionarse”.
