Los diputados del Partido Republicano se refirieron este jueves a los antecedentes dados a conocer por la Contraloría, que detectó gestiones previas para facilitar la atención médica a la madre, de la entonces ministra de Salud Ximena Aguilera, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, situación que motivó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en el Hospital del Salvador, en Providencia.
Los parlamentarios señalaron que se trataría de una situación grave que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el deber de probidad que rige a las autoridades, especialmente en un contexto en que el sistema público mantiene extensas listas de espera.
En ese sentido, la diputada Macarena Santelices, integrante de la Comisión de Salud, sostuvo que los antecedentes conocidos resultan “inaceptables” considerando la situación que viven miles de pacientes.
“La Contraloría confirmó algo inaceptable, y es que sí hubo gestiones para que la madre de la exministra de Salud fuera atendida en el sistema. Cuando hay más de dos millones y medio de chilenos esperando por una atención digna y oportuna, lo digo fuerte y claro: como integrante de la Comisión de Salud no vamos a aceptar ningún tipo de abusos”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero, también integrante de la Comisión de Salud, señaló que el caso debe analizarse con responsabilidad, pero advirtió que la eventual existencia de trato preferente sería una señal grave para la ciudadanía.
“Lo que ha señalado la Contraloría es grave, porque apunta a una posible vulneración del principio de igualdad ante la Ley. Como Bancada vamos a actuar con responsabilidad y no adelantarnos sin revisar todos los antecedentes, pero aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios en salud, y eso lo vamos a defender con firmeza”, indicó.
Por su parte, la diputada Catalina Del Real, integrante de la misma instancia, afirmó que, si se comprueba que existieron gestiones para adelantar la atención, se trataría de una falta grave al deber de probidad que deben cumplir las autoridades.
“Si se confirma que hubo gestiones para otorgar atención preferente a un familiar de la entonces ministra, estamos frente a un hecho que vulnera el principio básico de igualdad ante la Ley. Resulta inaceptable que mientras pacientes esperaban decenas de horas por una cama, se realizaran coordinaciones anticipadas para facilitar la atención de una persona por su vínculo con una autoridad”, señaló.
La parlamentaria agregó que la salud pública no puede transformarse en un espacio de privilegios.
“La salud pública no puede convertirse en un lugar donde quienes tienen poder o contactos acceden primero. Esperamos que el sumario llegue hasta las últimas consecuencias y que se determinen responsabilidades administrativas y políticas”, sostuvo.
“Aquí se faltó a la verdad”
La diputada Chiara Barchiesi, en tanto, cuestionó el actuar de las autoridades de la administración anterior y señaló que el caso refleja una forma de actuar que perjudica directamente a los pacientes.
“Es gravísimo que nuevamente nos enteremos de situaciones que contradicen lo que se había informado. Lo más delicado es que, mientras había personas esperando durante horas o incluso días por atención, se habrían realizado gestiones para adelantar un procedimiento, lo que incluso significó suspender otras intervenciones”, afirmó.
La legisladora agregó que este tipo de hechos afecta la confianza en el sistema público.
“No puede existir una lógica donde se prioriza a los cercanos a las autoridades mientras miles de personas siguen esperando. Esa falta de consideración con los pacientes es algo que debe investigarse y sancionarse”, indicó.
Finalmente, el diputado Luis Fernando Sánchez sostuvo que los antecedentes conocidos generan preocupación, ya que previamente se había informado que no existieron intervenciones para modificar el orden de atención.
“Esto es grave porque aquí se faltó a la verdad. Se había señalado que el procedimiento se realizó con normalidad y que no hubo presiones, pero hoy conocemos antecedentes que indican que sí existieron gestiones desde el entorno de una alta autoridad para adelantar una atención, y eso es algo inaceptable”, afirmó.
El parlamentario agregó que entender la preocupación por un familiar no justifica el uso de una posición de poder.
“Todos podemos preocuparnos por nuestros cercanos, pero usar el cargo para influir y saltarse la fila no puede ocurrir en un sistema público. Esto tiene que investigarse y debe tener consecuencias”, cerró.
