Con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y reforzar los estándares de probidad en el Estado, el diputado Republicano, José Carlos Meza, presentó el proyecto de ley denominado “Antipitutos 2.0”, iniciativa que busca impedir que familiares de autoridades accedan a cargos públicos por vínculos de parentesco y no por mérito.
La propuesta retoma una iniciativa impulsada originalmente por el Presidente José Antonio Kast en 2017, la cual, tras permanecer archivada durante años, en 2025 el diputado Meza solicitó su discusión y votación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el proyecto fue rechazado debido a la abstención de 36 parlamentarios y al voto en contra de otros 23.
Ante ese resultado, el parlamentario decidió ingresar una nueva propuesta que amplía y perfecciona las disposiciones existentes en materia de probidad administrativa.
“Los chilenos esperan que quienes ingresen al Estado lo hagan por sus capacidades y no por sus apellidos. Este proyecto busca cerrar espacios que hoy permiten prácticas que deterioran la confianza pública y debilitan nuestras instituciones”, afirmó Meza.
Entre los principales cambios, el proyecto incorpora nuevas autoridades dentro de las inhabilidades para el ingreso a la función pública, incluyendo a Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales Regionales, Consejeros Regionales, concejales, diputados y senadores, cargos que actualmente no están considerados de manera expresa en la legislación vigente.
Asimismo, la iniciativa establece que las unidades de control interno de cada organismo público, o la Contraloría General de la República cuando corresponda, deberán verificar los antecedentes de quienes ingresen al servicio público bajo las excepciones contempladas por la ley. En caso de detectarse información falsa u omisiones graves, se iniciarán los procedimientos disciplinarios respectivos.
“El combate al nepotismo no puede depender únicamente de declaraciones de buena voluntad. Se requieren mecanismos efectivos de control y sanciones claras para quienes incumplan la ley”, agregó el parlamentario.
A su vez, el proyecto contempla que toda contratación realizada infringiendo estas disposiciones podrá ser revocada y que dicha conducta constituirá una falta grave a la probidad administrativa, pudiendo derivar en procedimientos disciplinarios y eventuales responsabilidades civiles o penales.
Finalmente, Meza sostuvo que la iniciativa busca elevar los estándares de transparencia en la función pública y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
“Queremos que los cargos públicos sean ocupados por las personas más capacitadas, garantizando que el mérito, la idoneidad y la transparencia sean los principios que rijan el acceso al servicio público”, concluyó.
