Las diputadas del Partido Republicano, Macarena Santelices y Javiera Rodríguez, junto al parlamentario, Enrique Bassaletti, ingresaron una denuncia formal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte solicitando una investigación penal por los violentos incidentes ocurridos el pasado 1 de octubre en las afueras de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La acción judicial busca esclarecer las agresiones que sufrieron estudiantes pertenecientes al Movimiento Gremial y a Solidaridad UC, quienes se manifestaban pacíficamente en el exterior del plantel en contraposición a la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). De acuerdo con los antecedentes entregados, un grupo de manifestantes atacó a los jóvenes con palos, piedras, vidrios y pintura, obligándolos a refugiarse al interior del edificio institucional.
Al respecto, Santelices fue enfática al señalar que “a los cobardes que se esconden tras una capucha para agredir a otros jóvenes les decimos que cada vez que agredan y usen la violencia, vamos a estar acá denunciándolos”.
En tanto, Rodríguez afirmó que “la violencia no tiene justificación, no existe una provocación para que personas violentas ejerzan fuerza contra otras personas. Por eso, además de condenar la violencia, vamos a acudir a todas las instancias legales, judiciales, para terminar de una vez por todas con la violencia que existe en la educación superior y en todos los espacios”.
Por su lado, Bassaletti cuestionó las credenciales democráticas de quienes convocan estas manifestaciones, y apuntó en contra del PC y Frente Amplio.
El documento presentado ante el Ministerio Público destaca que, según reportes oficiales de la casa de estudios, diez estudiantes resultaron heridos producto de los golpes y el lanzamiento de objetos contundentes, de los cuales cuatro debieron ser derivados de urgencia al Hospital Clínico UC CHRISTUS.
Asimismo, los parlamentarios urgieron a la Fiscalía a indagar con especial preocupación la denuncia sobre el eventual uso de bencina o líquidos inflamables en contra de los alumnos agredidos, un hecho que calificaron como de la máxima gravedad.
