En medio de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público para indagar un posible fraude al Fisco en el caso de Democracia Viva, los diputados querellantes del Partido Republicano solicitaron al Juzgado de Garantía de Antofagasta ampliar la querella criminal en contra de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi, actual asesor del Presidente Boric, y Javiera Martínez, directora de Presupuestos.
Según el documento presentado por los parlamentarios Cristián Araya y Juan Irarrázaval, se solicitó que el Ministerio Público “despache una ampliación de la orden de investigar a la BRIAC de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría, señalando expresamente que deben indagarse los hechos referidos en esta ampliación de querella”.
Adicionalmente, se requirió que “se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile concurra a las dependencias de la DIPRES y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal; y, se cite a declarar en calidad de imputados a Kenneth Giorgio Jackson Drago; Miguel Ernesto Crispi Serrano y Javiera Martínez Fariña”.
Para el Diputado Cristián Araya, “hasta ahora el hilo se está cortando por lo más delgado, que son seremis y subsecretarios, pero se debe investigar a quienes diseñaron este mecanismo defraudatorio contra las arcas fiscales, donde el Ministro Jackson y los otros dos militantes de Revolución Democrática a quienes solicitamos que se amplíe la querella, deben responder ante la justicia”.
El personero agregó que “ya lo deberían haber hecho políticamente, pero el amiguismo ha primado en este caso y la cofradía de RD en los altos cargos ha sido intocable hasta ahora. Es momento que respondan en los tribunales ante un gobierno que ha preferido protegerlos y hacerse el desentendido”.
A su vez, el diputado Juan Irarrázaval, “hay indicios más que suficientes de que ellos son los facilitadores del mecanismo que hay detrás del caso convenios. Según se ha ido dilucidando, los tres militantes de Revolución Democrática habrían tenido desde el comienzo de la administración una función específica y fundamental para la implementación del mecanismo de corrupción sistemático e institucional de este Gobierno. En particular el ministro Jackson a través del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de la Segpres, era el de facilitar o allanar el camino del fraude; y la Dipres asignar y el Subdere distribuir los recursos”.
Irarrázaval agregó que “crearon una maquinaria para desviar recursos públicos y es hora de que respondan ante la justicia y que de una buena vez comiencen a ser formalizados. Cuando el Presidente designó a estas tres autoridades literalmente dejó al gato cuidando la carnicería.”.
En el escrito, los diputados querellantes argumentan que “el modus operandi resulta similar en todos los casos. Un funcionario público dotado de facultades para asignar recursos (entregar millonarias sumas de dinero), que arbitrariamente los transfiere mediante convenios a personas relacionadas por amistad, vínculos políticos y otros similares, fraccionándolos a fin de evitar el control de la Contraloría General de la República, y sin ni siquiera las garantías mínimas de la contratación pública”.
En la querella, también explican que “los sistemas de control internos -ahora se sabe- son derechamente partícipes de la conducta, entregando en definitiva millonarios recursos a entidades sin experiencia, algunas recién creadas, sin las capacidades técnicas y de personal necesarias. Destinando los recursos, al final del día, en campañas y/o actividades de proselitismo político o en favor de alguna opción en las votaciones pasadas, o, derechamente en beneficio propio de los responsables. Se trata en definitiva de una conducta reiterada, un mecanismo para defraudar al Fisco”.
FUENTE: OFICINA PARLAMENTARIA
