Por 6 votos a favor y uno en contra, la comisión de Gobierno Interior aprobó la idea de legislar el proyecto de ley presentado por el ex candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast, cuando era diputado, denominado “Ley Antipitutos”.
Se trata de una iniciativa presentada el 8 de agosto de 2017, que modifica la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el fin de establecer una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de cónyuges y parientes de las autoridades.
En particular, el proyecto establece tal inhabilidad para quienes tengan vínculos de “matrimonio, parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, con senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, ministros, subsecretarios y el Presidente de la República”.
Asimismo, se establece “una excepción a lo dispuesto para los cargos que son designados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública”.
Para el diputado Republicano de la instancia parlamentaria -y quien solicitó que la iniciativa fuera desarchivada-, José Carlos Meza, lo ocurrido esta mañana es “un triunfo en el combate a la corrupción en el Estado”.
“En abril de 2022, a menos de un mes de haber llegado la Bancada Republicana a este Congreso Nacional, solicitamos que se desarchive y se ponga en tabla el proyecto de ‘ley Antipitutos’ que fuera presentada por José Antonio Kast, porque nos parece de toda justicia que los cargos estatales no se conviertan en un botín para quienes gobiernan en forma circunstancial, pues se trata de cargos que incluso pueden afectar el desarrollo del país”, sostuvo el legislador.
En esa línea, Meza recordó que “desde que comenzó la implementación de la Ley de Transparencia en 2005, los millones de chilenos nos fuimos enterando que los gobierno de turno instalaban a sus parientes directos en altos cargos del Estado, además, con altos sueldos, lo que ha implicado un desprestigio de la actividad política ante la ciudadanía, la que también se ve indignada con este tipo de casos”.
Tras ser aprobada la idea de legislar, el presidente de la instancia Rubén Oyarzo dio plazo hasta el 9 de octubre para que los parlamentarios puedan ingresar indicaciones a la iniciativa, las que posteriormente serán votadas en particular, para luego pasar a la Sala y después de siete años, pueda pasar a su segundo trámite constitucional en el Senado.
