Los diputados de la Bancada Republicana concretaron la presentación de un requerimiento en el Tribunal Constitucional, con el fin que el organismo se pronuncie respecto del eventual cese del cargo de la senadora Isabel Allende, al vender al Estado la casa de su padre, Salvador Allende, pese a la prohibición expresa contenida en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política de la República.
Si bien en un primer momento se señaló que al documento entregado este lunes se sumaría a la sobrina de la parlamentaria y ministra de Defensa Maya Fernández, finalmente la Bancada optó por iniciar los estudios para la eventual presentación de una Acusación Constitucional en su contra.
Respecto del caso de la senadora socialista, el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, expresó que la venta de la casa de Guardia Vieja -comuna de Providencia-, “es algo escandaloso, porque viola evidente y flagrantemente la Constitución y por eso hemos llegado a la conclusión de que procede la presentación ante el Tribunal Constitucional de todos estos antecedentes para que resuelvan la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende”.
“No hemos presentado acá los antecedentes respecto de la destitución de la ministra Maya Fernández, no descartamos hacerlo esto en los próximos días, seguimos en evaluación de los antecedentes respecto de la ministra Fernández y hacemos la distinción acá porque la normativa constitucional no es idéntica respecto de los ministros de Estado y de los miembros del Congreso, y es por lo mismo que también le hemos encargado a nuestros equipos jurídicos iniciar el estudio de todos los antecedentes que puedan permitir la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández”, sostuvo.
En ese sentido, el jefe de Bancada aclaró que “esto no significa que no se vaya a terminar resolviendo presentar los antecedentes aquí al TC en contra de la ministra, seguimos todavía en estudio de esto. (…), Pero aquí lo que sí es claro es que existe, tanto respecto de la ministra Fernández como respecto de la senadora Allende, una violación a la Constitución”.
“Quiero aprovechar esta instancia para reiterar un llamado que ya le hice a la senadora Isabel Allende. Esto va a tomar un tiempo, va a tomar probablemente algunas semanas, pero lo que corresponde es que la senadora decida ella, por razones éticas por supuesto, por razones legales, de no seguir participando en ninguna instancia del Senado, de dejar de participar en las votaciones tanto en la Sala como en las comisiones y esperar aquí a que sea el TC quien resuelva si es que ella tiene que seguir desempeñando su cargo, porque aquí se puede producir una afectación a nuestras instituciones, a nuestra democracia”, añadió Sánchez.
Araya: “Una bofetada a la democracia”
Por su parte el subjefe de Bancada, Cristián Araya, sostuvo que “50 años después, en nombre de Salvador Allende, se sigue intentando violar la Constitución. Afortunadamente, una vez más, la Constitución le pone freno a los intereses de la extrema izquierda y los mil días de Salvador Allende estuvieron por muy poco en convertirse en mil millones”.
“Hacemos esta presentación porque estamos convencidos que la Constitución y las leyes nos dan la razón. La cesación en el cargo de la senadora Allende es un deber. Ha caído en una causal para poder ser apartada de sus funciones. Ella trató de
hacer un negocio con el Estado, firmó un contrato y es responsable y el Tribunal Constitucional debe perseguir esta responsabilidad. (…) Creemos que es una verdadera bofetada a nuestra democracia que en una norma tan clara, tan expresa, una senadora de la República, junto con la firma de ministros de Estado y el Presidente de la República, hayan estado dispuestos a violar nuestro ordenamiento jurídico. Ella debe ser apartada de sus funciones y hacemos un llamado a que deje de ejercer en este tiempo, hasta antes que se pronuncie el Tribunal”, llamó el legislador.
Mientras que el diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, hizo hincapié en que “la infracción por parte de la senadora Allende y de la ministra Fernández de la Constitución es tan evidente que, como ustedes lo podrán notar, no existe ninguna autoridad de gobierno ni ningún diputado de ninguna bancada o senador que hasta el momento haya tenido argumentos para poder defender esta infracción o explicar por qué esto no se trataría de una causal de cesación en el cargo”.
“Tanto es así que en las últimas horas hemos visto cómo diputados del Partido Socialista, particularmente el diputado Santana, ha señalado que por un decreto Ley del año 77 estaría justificada esta compraventa y por lo tanto no sería causal de cesación. Lo que el diputado Santana olvida es que uno tiene que leer los decretos leyes completos y este Decreto Ley, justamente, es citado en la presentación que hemos hecho al Tribunal Constitucional, ya que este Decreto Ley lo que hace es remitir toda la conformación del consentimiento y por lo tanto la perfección del contrato a la legislación civil. Y la legislación civil dice que la compraventa de bienes inmuebles se entiende perfecta en el momento en que se celebra a través de una escritura pública, escritura pública que todos hemos visto. Yo creo que la situación de la senadora Allende es francamente insostenible y espero que las instituciones y particularmente el Tribunal Constitucional esté a la altura del mandato que la ciudadanía le ha entregado que proteger la constitución y en este caso declarar que ha cesado en el cargo la senadora Allende”, finalizó.
