La economía chilena está en el suelo. Nuestro nivel de endeudamiento y déficit, sumado a un documentado mal uso de los recursos de todos los chilenos por parte del Estado, obliga a dar una señal contundente de reducción del gasto público por parte del Gobierno. Continuar con este despilfarro significa continuar hipotecando el futuro de la clase media por décadas.
Como Bancada de Diputados del Partido Republicano hemos decidido rechazar el Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno, porque la propuesta no está a la altura del esfuerzo de reducción fiscal que las finanzas de nuestro país requieren.
Los malos datos de la economía y de la administración fiscal son contundentes:
- La actividad económica no está creciendo. Tal como lo reconoció el mismo ministro Marcel, el Imacec en septiembre de 0% garantiza que el Gobierno no cumplirá con sus propias proyecciones para el año 2024.
- La inflación no está controlada. El crecimiento de 1% mensual (4.7% en doce meses) del IPC demuestra que la política fiscal continúa presionando al alza el costo de la vida de millones de chilenos. De no tomar medidas decididas, la inflación será uno de los legados del Gobierno de Gabriel Boric.
- El desempleo sigue muy alto en un 8,7%; con una tasa de informalidad de un 27% que significa que 2.5 millones de chilenos trabajan informalmente; y las más perjudicadas son las mujeres, con un desempleo que llega al 9,3%.
- La deuda bruta como porcentaje del PIB va camino al 45%; el FEES sigue siendo injustificadamente explotado por esta administración; y Chile sigue aumentando el gasto en intereses producto de una gestión irresponsable.
- Existen dudas fundadas respecto de la capacidad técnica del ministerio de Hacienda para proyectar los ingresos de la nación. Estas imprecisiones obligan a redoblar las demandas por un menor gasto.
Como Bancada Republicana le hemos solicitado al Gobierno rebajar en US$5.000 millones el gasto público, como una meta difícil de cumplir, pero que marca el camino de lo que en Chile se debe hacer en materia de ajuste fiscal.
Entendiendo la complejidad de lograrlo en tan poco tiempo, aspiramos a que al menos, el Presupuesto del Estado quede en US$90.000 millones, monto similar al del Presupuesto 2024. Esto implicaría. un recorte de US$3.000 millones respecto de lo originalmente propuesto por el Ministerio de Hacienda. Este ajuste obligaría a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, al mismo tiempo que se contienen las presiones sobre los precios y se avanza hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales. Además, hemos solicitado limitar la capacidad de endeudamiento que tiene el Gobierno, para volver a los niveles de deuda que existían antes de la pandemia.
La capacidad que tiene la oposición para exigirle al Gobierno cambios a la Ley de Presupuestos es limitada y los acuerdos que ha tomado el Gobierno con algunos sectores de la oposición son completamente insuficientes para hacerse cargo del problema estructural que tiene el Presupuesto de la Nación que se debate en el Congreso. La expansión de 2% en el gasto contenida en el principio de acuerdo implicaría entregar casi US$2.000 millones adicionales a una administración que no genera confianza en materia de finanzas públicas.
Continuar con esta senda de gasto irresponsable que lleva el Gobierno es incompatible con la urgente necesidad que tiene Chile de reactivar su economía y generar las condiciones para atraer inversiones, progresar económicamente y contener la inflación.
Rechazar este presupuesto no es una alternativa, es una obligación con Chile y un paso indispensable para que las autoridades económicas del país dejen de pensar en cómo gastar más, para comprometerse a generar las condiciones para generar riqueza y prosperidad. El mal desempeño económico de Chile es de responsabilidad de la administración de Gabriel Boric. Ha llegado el momento de exigir ordenar la casa.
