El aumento de casos delictuales en los que se ven involucrados inmigrantes ilegales, llevó a la diputada Republicana Chiara Barchiesi a presentar un proyecto de ley que, de ser aprobado, impedirá que personas que no acrediten su identidad puedan abordar un bus interprovincial.
La iniciativa busca establecer una obligación general para que las empresas que presten servicios de transporte interurbano, por cualquier medio, exijan a sus pasajeros mostrar un documento de identificación oficial para poder adquirir un pasaje.
“La alta cantidad de delitos que han sido protagonizados por inmigrantes ilegales, sin documentación alguna, ha producido una profunda preocupación en los chilenos. Esta situación está afectando seriamente nuestro diario vivir y una forma de enfrentarlo, a nuestro juicio es, abordarlo desde el ámbito de la movilidad al interior del país”, señaló la diputada Republicana por el Distrito 6, Región de Valparaíso.
En este sentido, la parlamentaria agregó que “lo ocurrido durante este año con los casos en que se han visto envueltos extranjeros que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, dan cuenta de lo fácil que es para ellos transitar por Chile. Toman un bus y desde el norte llegan a las zonas central y sur de nuestro país para delinquir impunemente”.
En el proyecto, la legisladora calificó como “fundamental” la exigencia de “documentos de identidad, así como el registro de identidad de pasajeros, para impedir o al menos, dificultar el tráfico libre de los delincuentes extranjeros en el país”.
Asimismo, recordó datos de las últimas encuestas sobre seguridad, que han arrojado que más del 80% de los chilenos se siente muy preocupados por ser víctima de un delito.
La iniciativa establece que previo al ingreso a la máquina, el pasajero deberá, junto con su pasaje, exhibir un documento oficial que acredite su identificación.
A lo anterior se suman multas, tanto para los usuarios como para las empresas de transporte de pasajeros. Por ejemplo, quién no acredite su identidad, no podrá abordar el bus, pero de hacerlo sin su documentación recibirá una multa de 1 a 5 UTM, es decir de $62.216 a $311.080.
Mientras que las empresas que incumplan la normativa deberán pagar al Fisco entre 6 a 10 UTM, lo que equivale a $373.296 a 622.160 pesos.
