En Chile, miles de personas esperan durante meses —e incluso años— por una atención en el Sistema Público de Salud. Mientras algunos enfrentan dolor, incertidumbre y el riesgo cierto de morir esperando, resulta inaceptable que existan personas que, aprovechando su posición o redes de contacto, intervengan para alterar el orden de atención en beneficio propio o de sus cercanos.
De confirmarse los hechos que involucran a la exministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, estaríamos frente a una conducta gravísima, que no sólo vulnera principios éticos básicos, sino que también podría constituir una infracción administrativa e incluso legal. La Salud Pública debe regirse por un principio irrenunciable: la igualdad en el acceso.
En un sistema colapsado, cada intervención indebida tiene consecuencias reales: Cuando alguien se adelanta, otro queda atrás. Y ese “otro” es un paciente concreto, con urgencias reales, que no puede seguir esperando.
Lo ocurrido abre una interrogante aún más preocupante: ¿Se trata de un hecho aislado o de una práctica que simplemente no se detecta con la frecuencia que debiera? Un sistema donde los contactos pesan más que la necesidad deja de ser un sistema de protección social y pasa a transformarse en un espacio de privilegios.
Esto es inaceptable y no puede ser normalizado bajo ninguna circunstancia.
Por lo mismo, resulta imprescindible que estos hechos sean investigados con total transparencia. No basta con aclarar este caso en particular: es necesario determinar si existen otras situaciones similares y si los mecanismos de control actuales están siendo suficientes para evitar este tipo de abusos.
En ese contexto, exigimos que se instruyan auditorías clínicas y administrativas exhaustivas en los recintos y servicios involucrados, con el objeto de revisar eventuales irregularidades en la gestión de listas de espera y garantizar que no existan intervenciones indebidas en los procesos de atención, como también se adopten medidas de control para evitar influencias indebidas.
Asimismo, solicitamos un pronunciamiento público de la exministra Aguilera para que aclare los hechos. De igual forma, hemos requerido los antecedentes que obren en poder de la Contraloría General de la República y de las instituciones competentes, con el fin de evaluar —de ser necesario— las acciones que correspondan para perseguir todas las responsabilidades.
En materia de salud pública, no puede haber privilegios. Y mucho menos, impunidad.
