El megafraude del Caso Convenios trajo consigo una serie de consecuencias no sólo para los involucrados, sino que también para personas inocentes que terminaron siendo víctimas indirectas en el caso.
Tal es la situación de más de 34 instituciones que atienden a personas con discapacidad en diferentes puntos del país, las que se encuentran en crisis por la falta del pago de subvenciones por parte del Servicio Nacional de Discapacidad (Sendis).
Lo anterior fue informado por la diputada Republicana Catalina del Real, quien además es presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados.
La legisladora explicó que esta situación ocurre “porque luego del escándalo de las fundaciones del Frente Amplio, que significó la pérdida de miles de millones de pesos, el Congreso aumentó los requisitos para el otorgamiento de estas subvenciones”.
“Lo que hizo el Congreso es correcto. Tenemos que aumentar las restricciones para evitar que la izquierda se lleve la plata para la casa. Pero, de la misma forma, el Gobierno tenía que anticiparse y coordinarse con las instituciones afectadas para agilizar los pagos y evitar la crisis que hoy están viviendo cientos de personas y discapacitados”, criticó la parlamentaria por el Distrito 11, Región Metropolitana.
Finalmente, la legisladora sostuvo que “los chilenos, especialmente los discapacitados, no tienen por qué ser víctimas de los fraudes y delitos de la izquierda. Es urgente que el Ministerio de Desarrollo Social resuelva estos problemas cuanto antes para no seguir perjudicando a tantas personas que lo necesitan.
