Transversalidad. Esa es una de las principales características del proyecto de ley presentado por el Diputado Republicano Cristián Araya, y que busca aumentar las penas para aquellos reos o imputados en prisión preventiva, que realicen destrozos al interior de las cárceles del país.
El legislador, es uno de los que acudió y observó in situ los graves daños con que resultaron las dependencias de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), por parte de los integrantes del grupo delictual venezolano “Tren de Aragua”.
En ese sentido, el documento -que modifica el Artículo 485 bis del Código Penal-, explica que las condiciones carcelarias inciden en la reinserción social y que este tipo de ilícitos son “pluriofensivos”, pues afectan “la propiedad fiscal, el ejercicio de la autoridad y la seguridad integral del establecimiento”.
A lo anterior se suma que este tipo de conductas son un peligro tanto para los gendarmes como para el resto de los reclusos, ya que con los restos de los destrozos se pueden elaborar armas cortopunzantes para agredir a los custodios o a otros internos.
“Hemos presentado un proyecto de forma transversal (desde Republicanos al PPD) de los integrantes de la Comisión de Seguridad para sancionar de forma específica a aquellas personas privadas de libertad que generen daños al interior de los centros penitenciarios”, sostuvo el diputado de la citada instancia parlamentaria.
En esa línea, el legislador añadió que “lo ocurrido en la CAS es de máxima gravedad y esto no puede quedar sólo como una falta o como una situación que sea exclusivamente del régimen disciplinario interno. Esto debe ser sancionado de forma penal de manera drástica porque afecta la seguridad de los gendarmes y de los mismos centros penitenciarios”.
De ser aprobado, el proyecto permitirá aumentar las penas contenida actualmente en el Artículo 485 bis del Código Penal de 540 a tres años de cárcel, en caso de cualquier daño a la infraestructura penitenciaria, mientras que en el caso de que se vean afectados los sistemas de vigilancia o de seguridad de los recintos, se aplicarán entre tres y cinco años como pena.
