El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, denunció a la Controlaría General de la República a 11 municipalidades del país por presentar irregularidades en la rendición de cuentas de una serie de convenios de colaboración que se suscribieron con la Fundación Daya para la ejecución de un programa para el uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes con patologías con dolor crónico.
Según la acción presentada por el parlamentario del distrito 14, los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal transfirieron recursos a la fundación que representa legalmente la diputada Ana María Gazmuri sin que se haya entregado la contraprestación ofrecida e incluso, muchas de ellas sin haber realizado la rendición de cuentas de los dineros transferidos. De acuerdo al escrito, hay cerca de $200 millones que aún no han sido acreditados por esta ONG.
En el documento presentado se precisó que “es innegable que, en la presente denuncia, tanto la máxima autoridad, el Alcalde, como los funcionarios municipales a cargo (Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, entre otros), no han ejecutado los mecanismos necesarios para administrar y custodiar debidamente los traspasos de dineros realizados a la Fundación Daya y, que en el caso de incumplimiento de los convenios suscritos -como ha podido observarse que se ha producido-, no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada”.
El diputado Juan Irarrázaval explicó que “venimos a denunciar los convenios de la fundación Daya a la Contraloría, ya que esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana. Decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Sólo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas. Se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri. Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Esto es más grave aún si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación. Deben más de 171 millones de pesos en rendiciones y prácticamente casi ningún tratamiento se entregó”.
De acuerdo a los antecedentes recabados por oficios de fiscalización y por consultas efectuadas bajo Ley de Transparencia, se han detectado irregularidades por parte de la Fundación Daya en la rendición de los dineros que fueron otorgados por los siguientes municipios: Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000). En el caso de Copiapó, la municipalidad realizó dos pagos por $24.735.500 y $10.550.000, pero no existe constancia de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado. En cambio, en la Municipalidad de Quilicura, los gastos rendidos corresponden a $35.158.672 y están relacionados con actividades previas a la suscripción del convenio, y no con boletas, facturas o documentos que digan relación con los gastos específicos incurridos durante su vigencia.
Irarrázaval agregó que “miles de pacientes desesperados volvieron a tener una esperanza para paliar sus dolores, pero ellos jugaron simplemente con sus dolores solo porque servía a su agenda ideológica y negocio personal. Esperamos que la Contraloría exija la devolución de estos dineros. Además, es preocupante la falta de diligencia de los municipios en cuestión que no han resguardado como se debe sus patrimonios. Si aquí hay actos de corrupción, es urgente que se determinen responsabilidades”.
En el escrito, también se argumentó “que en el examen que efectúe la Contraloría con el objeto de verificar la legalidad del gasto, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación, exactitud de los cálculos, proporcionalidad e imputación que deben concurrir en las cuentas del proyecto que se suscribió con la Fundación Daya, compruebe si se ha dado debido cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso, egreso o traspaso, en atención que se estima que existe pendiente de rendición alrededor de $200 millones de pesos entregados a la referida fundación”.
Además de solicitar la restitución de los fondos no rendidos por la Fundación Daya, el diputado republicano también pidió en su denuncia que se determinen las responsabilidades administrativas y se establezcan las sanciones que correspondan a los funcionarios y autoridades municipales involucrados en este caso.
FUENTE: OFICINA PARLAMENTARIA
