El diputado por el Maule, Benjamín Moreno, respaldó la postura del candidato presidencial José Antonio Kast, quien respondió al Presidente Gabriel Boric luego de que éste cuestionara —durante su intervención en la franja televisiva— la propuesta republicana de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal.
El mandatario señaló que una medida de ese tipo “es imposible sin afectar derechos sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, advirtiendo que su Gobierno ha impulsado una agenda para “aumentar los recursos permanentes” destinados a la protección social.
Ante estas afirmaciones, Kast fue categórico en aclarar que su propuesta no afectará beneficios sociales, sino que apunta a eliminar el gasto político innecesario y expulsar a los funcionarios corruptos que se han beneficiado del aparato estatal.
Para el diputado Benjamín Moreno, la discusión no se trata de recortar ayudas sociales, sino de poner fin al despilfarro y al uso político del Estado que hoy indigna a los ciudadanos.
“Cuando Kast dice que hay que sacar a los corruptos, tiene toda la razón. Aquí el problema no es la PGU ni los beneficios sociales, el problema es el ejército de operadores políticos que ha llenado el Estado y que se dedican a usar la plata de todos para fines personales o para hacer campaña”, señaló Moreno.
El parlamentario sostuvo que lo que ocurre actualmente en la Región del Maule es un reflejo concreto de este problema, donde se siguen utilizando los recursos públicos con fines políticos y se premia con cargos institucionales a personas cuestionadas por su gestión.
Uno de los casos más graves es el de Cristina Bravo, quien a menos de 10 días de haber perdido la elección ingresó en enero al Instituto de Previsión Social (IPS) y hace pocos días fue nombrada directora regional de dicha institución. Todo esto, pese a estar bajo investigación por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos durante su gestión como gobernadora regional.
Y ahora, un nuevo informe de la Contraloría apunta a nuevas irregularidades en su gestión, relacionadas con un millonario convenio firmado con la Municipalidad de Vichuquén en pleno período electoral, cuando Bravo y el alcalde de esa comuna buscaban su reelección. Dicho convenio, junto con otros antecedentes, está siendo revisado por el órgano contralor por posibles irregularidades en la rendición y utilización de los recursos transferidos.
“Este caso refleja perfectamente lo que denunciamos, que en lugar de cuidar los recursos de todos los chilenos, se termina contratando y premiando a personas que están siendo investigadas por graves faltas a la probidad. Y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar”, enfatizó el diputado.
Finalmente, Moreno recalcó que es urgente cambiar la forma en que se administran los recursos públicos y terminar con la cultura de impunidad que rodea a los operadores políticos.
“Estos hechos son gravísimos y muestran lo que llevamos años denunciando: que el Estado no puede seguir siendo un botín para los amigos del Gobierno. La prioridad tiene que ser limpiar las instituciones, terminar con el despilfarro político y devolverle al Estado su rol de servicio a las personas honestas”, sentenció el diputado.
