El diputado del Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea, presentó este martes ante la Fiscalía Regional del Biobío una denuncia por el delito de fraude al fisco, el que tendría un perjuicio fiscal de cerca de $200 millones en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), tras la recontratación irregular por parte de la seremi de Justicia Claudia Soto Candia, de cinco funcionarios desvinculados en la administración anterior.
El legislador por el Distrito 21, explicó que “he presentado ante la Fiscalía una denuncia penal por el delito de fraude al fisco con un perjuicio fiscal por más de 200 millones de pesos y una solicitud para que la Contraloría investigue otra serie de irregularidades cometidas en la Corporación de Asistencia Judicial por parte del ministerio de justicia y DD.HH.”
“Se han cometiendo una serie de irregularidades administrativas, laborales y penales, reincorporando por ejemplo a cinco funcionarios desvinculados que habían recibido indemnizaciones millonarias, creando la fantasía que los 7 meses fuera de servicios han sido trabajados pagándoles el sueldo completo retroactivamente y permitiéndoles no devolver las indemnizaciones recibidas por cerca de 60 millones de pesos por cada trabajador desvinculado”, detalló.
En este sentido, Urruticoechea también reveló que la citada devolución será “en dos cuotas”, lo cual a su juicio, constituye “una verdadera vergüenza para el país y una verdadera afrenta para los obreros chilenos”.
El parlamentario explicó que a lo anterior se sumó la contratación de otras siete personas “sin haber concurso público, sin tener presupuesto, sin solicitar las medidas claras y públicas que se tienen que hacer por la contratación de estas personas; y además se crea un nuevo cargo, de un jefe de gabinete, todo esto sin consultar al Consejo Directivo”.
Respecto a la desvinculación de los 10 funcionarios en la administración anterior, el diputado explicó que “todas, en el marco del proceso de Modernización de la Corporación, fueron declaradas legales por los Tribunales de Justicia en diversas instancias, incluida la Corte Suprema, y que tres de los reincorporados están actualmente sujetos a un sumario con riesgo de destitución, mismo sumario que la Seremi tiene detenido al no designar un fiscal instructor en meses”.
También cuestionó que “curiosamente, este ventajoso trato no se le ofreció a los 10 desvinculados en las mismas condiciones, sino sólo a los cinco que son parte de una asociación de funcionarios afín al Gobierno”.
Todas estas situaciones serán presentadas también por el parlamentario del Biobío ante la Contraloría General de la República.
“Hoy vemos con preocupación cómo nuevamente un mayor acceso a la justicia de las personas más necesitadas se ve postergada por decisiones políticas que solo benefician a un grupo pequeño de funcionarios, transformando a la Corporación de Asistencia Judicial en un botín político de favores, con dirigentes gremiales que han sido cuestionados por la Contraloría por conductas abusivas en sus cargos”, enfatizó.
También emplazó a la autoridad de la cartera a involucrarse, señalando que “la Ministra de Justicia, no puede permanecer en silencio frente a las graves irregularidades ejecutadas por su representante en la Región del Biobío y la emplazamos a que indique claramente si todo esto fue conocido y aprobado por ella o, en caso contrario, que adopte inmediatamente las medidas penales y administrativas correspondientes”.
“Nosotros podemos suponer perfectamente que esto se trata de un error gravísimo por parte de la subsecretaría del Ministerio de Justicia, a quién también apuntamos, al subsecretario Gajardo, que se haga entender sobre la situación que estamos pasando porque esta también apunta directamente a la labor que él ejerce como subsecretario del Ministerio de Justicia”, finalizó.
