“Esto ha sido un verdadero desastre”, dijo el diputado Republicano de la Comisión de Minería y Energía, Benjamín Moreno, quien junto a sus pares Álvaro Carter -también integrante de la instancia-, y el senador electo Renzo Trisotti, representante de la Región de Tarapacá, criticaron que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) fiscalizó sólo un 20% de las faenas mineras entre 2022 y 2024.
La información emanada en las últimas horas de ayer desde la Contraloría General de la República, causó molestia de los parlamentarios quienes fustigaron la magra cifra de fiscalización.
“Esto solo está demostrando una falta de control y profesionalismo en el manejo de las instituciones. Hace poco teníamos un Sernageomin que estaba sin sistema, que no podía fiscalizar faenas mineras, que estaba sin ningún dato y es algo sumamente grave, sobre todo para un servicio que se dedica a la seguridad minera, que es un eje fundamental en un país minero”, sostuvo el diputado Moreno.
En esa línea, el legislador apuntó sus dardos al Presidente de la República Gabriel Boric, señalando que “acá simplemente ratificamos la manera en que se ha dirigido desde el poder político con el Presidente Boric a la cabeza, quienes han sido un verdadero desastre, una falta de profesionalismo que solamente dañan a las instituciones y les van quitando credibilidad”.
Por su parte, el legislador Álvaro Carter, profundizó en el daño que situaciones como la dada a conocer por parte de la Contraloría, provocan en la imagen de la entidad, sobre todo en un país minero como Chile.
“La grave falla informática que a comienzos de este mes permitió que hackers ingresaran a diversos antecedentes, ahora conocemos que sólo fiscalizó un 20% de las faenas en un total de tres años. De verdad que no deja de ser una muestra del desastre en cuanto a fiscalización de este Gobierno y provocan un grave daño, no sólo para la imagen de Sernageomin, sino que de paso para la inversión minera del país”, añadió.
Mientras que el diputado por Tarapacá y senador electo, Renzo Trisotti, sostuvo que “parece evidente que los recursos y las capacidades profesionales no son suficientes cuando existen no sólo graves fallas en el resguardo de la información, sino también retrasos, ineficiencia e incumplimientos legales”.
“Una vez más surgen dudas sobre el actuar del servicio, que debe ser fiscalizado e intervenido para producir el cambio que se requiere”, finalizó.
