Con molestia reaccionaron los diputados Republicanos Cristián Araya (jefe de Bancada) y Juan Irarrázaval (subjefe de Bancada), luego de conocer las presiones que ha ejercido en las últimas horas el Gobierno en contra de la Fiscalía Nacional.
Lo anterior, luego de que se conociera que el fiscal de la arista ProCultura del Caso Convenios, Patricio Cooper, solicitó interceptar el teléfono del Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de la investigación, pero que el tribunal denegó la petición.
“A nadie le incautan o le intervienen el teléfono por lindo, sino porque está involucrado en algún delito”, dijo enfático el diputado Araya.
En este sentido, el legislador agregó que “aquí, en vez de perseguir al fiscal Cooper y a la justicia, debemos exigir que en el caso de Procultura se avance con mayor rapidez y que se conozca toda la verdad de la ONG del amigo del Presidente de la República, que a pesar de toda la evidencia, a pesar de los miles de millones de defraudados, sigue impune caminando por las calles”.
“Por otro lado, el Ministerio Público debe responder por las filtraciones porque afectan la credibilidad de la institución. Pero otra cosa muy distinta es que el Gobierno exija cuentas de las investigaciones de la Fiscalía y el actuar de los tribunales. No estamos en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. En Chile existe el Estado de Derecho y la separación de poderes, aunque no le guste el Gobierno”, aclaró el parlamentario por el Distrito 11, Región Metropolitana.
En tanto, el subjefe de Bancada, Juan Irarrázaval, recordó que “el único lugar donde deben acreditarse antecedentes para una medida judicial es precisamente el Poder Judicial, y él verá, como poder autónomo del Estado, si proceden o no”.
“Si el Gobierno quiere hacer un emplazamiento, debe hacerlo precisamente en sede judicial, como imputado. No corresponden estos emplazamientos totalitarios y amenazantes por la prensa, porque son muy graves”, remató.
