Diversas han sido las intervenciones comunicacionales de los abogados personales del Presidente de la Repùblica Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela y Miguel Schürman, luego de que La Moneda diera a conocer la existencia de una denuncia en contra del Mandatario, el lunes pasado.
Ante esta situación surgió la duda respecto de las remuneraciones que se encuentran recibiendo estos profesionales, por su trabajo en favor de la primera autoridad de la Nación, entre las que se encuentra el hallazgo de la denuncia, hecho que también está siendo indagado por la Fiscalía Nacional.
En este sentido, el diputado Republicano Agustín Romero – a nombre de su Bancada-, envió un oficio a la Contraloría General de la República, con el fin de que esta entidad inicie una investigación con el fin de determinar de dónde salen los fondos para pagar los honorarios de Valenzuela y Schürmann. En definitiva, conocer si es que hay recursos públicos involucrados.
“Es inaceptable que los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos puedan estar siendo utilizados para financiar la defensa legal del Presidente Boric, en hechos que nada tienen que ver con su investidura, ni con sus funciones públicas”, sostuvo el parlamentario Republicano.
En esta línea, Romero -legislador por la Región Metropolitana-, añadió que es “por eso hemos solicitado a la Contraloría General de la República una investigación exhaustiva, porque los principios de probidad y transparencia no son opcionales. La ciudadanía no merece dudas ni abusos en el manejo de su dinero”.
Por su parte el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, sostuvo que “aquí los abogados o son del Presidente o son de todos los chilenos. Más de 400 millones de pesos gastados por trato directo de la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Obras Públicas, distintos municipios, varios de ellos de izquierda. Todo esto llama mucho la atención, porque no sabemos si le están pagando servicios reales prestados al Estado de Chile o le están pagando la defensa personal del Presidente, del ex ministro Jackson, de Tomás Vodanovic, de Izkia Siches y tantos otros altos representantes de este Gobierno”.
“Aquí tiene que haber claridad, tiene que haber una investigación completa por parte de la Contraloría General de la República y esto debe esclarecerse, cuál fue la naturaleza de los servicios prestados y transparentarse absolutamente todos, los contratos, las minutas, las presentaciones, todo lo que pueda respaldar estos servicios por los cuales se les pagaron cientos de millones de pesos a los abogados hoy del Presidente Boric!”, añadió el legislador por la Región de Valparaíso..
Así, en el documento dirigido a la Contralora General de la República Dorothy Pérez, Romero explicó que la idea de la acción fiscalizadora es “plantear una inquietud en cuanto al correcto uso de los recursos públicos”.
“Hemos tomado conocimiento de que los abogados Jonatan Valenzuela y Miguel Schürman, quienes según consta públicamente, prestan servicios directamente al Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, estarían dedicados a pesquisar denuncias y realizar investigaciones sobre diversos asuntos, incluidos algunos que involucran al propio Mandatario, por situaciones ajenas a su alta investidura. En este contexto, se ha descubierto la existencia de una denuncia cuyos hechos, según lo señalado por los medios de comunicación, datarían del año 2013, cuando el Presidente Gabriel Boric realizaba su práctica profesional y, por ende, no era una autoridad”, sostuvo el texto.
En este sentido, a juicio del legislador, “resulta indispensable que se aclare si la asesoría profesional de los abogados aludidos, abarcan causas o hechos de índole personal ajenos al ámbito público, al de su autoridad y/o investidura, como también si los pagos de los honorarios de los mismos, son costeados con recursos personales de don Gabriel Boric Font, o provienen de fondos públicos, y en este último caso, cuáles son los términos de su contratación, y qué beneficios obtiene el Estado.
Las solicitudes
En el documento, el diputado Romero pidió al organismo fiscalizador “indagar y determinar la naturaleza y ámbito de la asesoría profesional de los abogados aludidos, si la misma abarca causas o hechos de índole personal ajenos al ámbito público, al de su autoridad y/o investidura del Presidente de la Republica”.
También solicitó que se investigue y determine “si los pagos de honorarios señalados en el cuerpo de este oficio, son costeados con recursos personales de don Gabriel Boric Font, o provienen de fondos públicos, y en este último caso, cuáles son los términos de su contratación y qué beneficios obtiene el Estado”.
En caso de que existan recursos públicos comprometidos, Romero pidió conocer cuál es el marco de contratación y cuál es el marco legal y administrativo que justifica estos servicios.
También se solicita a la Contraloría que emita “un pronunciamiento que aclare si tales prácticas se ajustan a los principios de probidad, transparencia y legalidad, así como también, sobre la licitud de financiar servicios de defensa jurídica por hechos particulares cuyo origen se encuentra, según ha trascendido en los medios de comunicación, antes de la investidura presidencial”.
