El próximo mes, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, quedará con solo dos magistrados integrantes para llevar adelante sus causas. ¿El mínimo?, tres. ¿La razón?, uno de ellos terminará su periodo de seis años, lo que interrumpirá las funciones de la instancia judicial, a menos que un ministro de la Corte de Apelaciones capitalina se sume de manera circunstancial.
Se trata de una situación crítica, que emana de la excesiva demora en los nombramientos de estos magistrados por parte del Gobierno. De hecho hay un cargo vacante desde 2020. Al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se suman el Primero de Antofagasta y el Tercero de Valdivia.
Ante esta compleja situación, el diputado Republicano integrante de la Comisión de Medio Ambiente, así como la de Recursos Naturales y Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, José Carlos Meza ofició al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, con el fin de conocer el por qué de estas graves demoras. Esto en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras.
“Es una situación que nos preocupa, pues el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales, así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales. Otro aspecto es que evidentemente pone trabas a la resolución de conflictos en este ámbito”, explicó el legislador.
Las solicitudes
En este sentido, el parlamentario solicitó al secretario de Estado que le informe respecto del “estado actual del proceso de nombramiento de los ministros vacantes, titulares y suplentes, en el Primer, Segundo y Tercer Tribunal Ambiental (vacantes desde julio 2020 y junio 2023), señalando causas de la demora”.
A lo anterior, Meza sumó información respecto del “cronograma y plazos comprometidos para concretar dichos nombramientos; informar si existen propuestas o medidas para agilizar y simplificar el proceso de selección y designación de ministros de tribunales ambientales”.
Por último, solicitó un detalle del impacto que la falta de integración ha tenido en el funcionamiento de estos tribunales, tomando en cuenta la situación de las audiencias, plazos y carga de trabajo.
“Creemos que esta es una situación que el Gobierno debió ya haber solucionado en estos cuatro años de su administración. Nos parece impresentable que haya dinero para contratar a los amigotes o a operadores políticos, que nadie sabe qué hacen en el Estado, y no para casos como estos. El país no puede permitirse esta negligencia institucional”, finalizó el legislador.
