Los diputados Republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval, ambos querellantes en el caso Democracia Viva, pidieron a la Fiscalía que apele a la decisión del Tribunal de Garantía de Antofagasta de dejar en prisión domiciliaria a su par, ex Frente Amplio, Catalina Pérez, tras ser formalizada este lunes en esa ciudad.
“En calidad de querellantes, en el caso de Democracia Viva, junto al diputado Juan Irarrázaval, acogemos el fallo de la Corte, pero lo consideramos insuficiente”, dijo el legislador Araya, quien también es jefe de Bancada.
En ese sentido, el legislador Republicano expresó que “si bien hay un avance a la hora de pasar desde que esto se trataba de un hecho de responsabilidad ‘de hombres adultos’ a que estuviera en calidad de autora la señora Catalina Pérez y que se decretara una medida cautelar de arresto domiciliario total, creemos que es absolutamente insuficiente y solicitamos que la Fiscalía siga insistiendo en prisión preventiva”.
Lo anterior, porque a juicio del parlamentario, su par ex Frente Amplio, “es la piedra angular en este caso de corrupción”.
“Creemos que tiene una participación preponderante en la articulación de esta red que permitió desviar recursos destinados a las personas más desfavorecidas de Antofagasta para fines particulares, políticos y también de lucro personal. Esperamos que la Fiscalía pueda insistir y que finalmente Catalina Pérez termine tras la rejas”, insistió.
Irarrázaval: “”Este mecanismo es importado desde España, es el modelo Íñigo Arrejón”
Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval complementó que “creemos que el hecho de que se haya decretado un arresto domiciliario total es porque se dan por acreditados, en gran parte ya las responsabilidades individuales, en este caso particular de la diputada Catalina Pérez”.
“Pero yo quiero ir más allá también, porque creo que más allá de los casos concretos, el caso Convenios hoy día está completamente extendido a lo largo de todo Chile y en las más altas esferas de la política, y lo hemos visto, por cierto, estos días a propósito del caso ProCultura. Y nosotros con el diputado Araya presentamos, por cierto, una ampliación de querella precisamente para ver cómo se gestó este mecanismo para defraudar al Estado de manera permanente, para financiar ilegalmente la política y también para enriquecerse ilegalmente con plata que no solamente es de todos los chilenos sino que es sobre todo de los más vulnerables”, profundizó el también subjefe de Bancada.
En ese sentido, Irarrázaval añadió que “queremos pedirle a la Fiscalía que avance, sobre todo en la investigación de la arista madre del caso Democracia Viva, el caso ProCultura. Porque creemos que hay responsabilidades políticas en las más altas esferas, más allá de estas responsabilidades individuales, en la idea de este mecanismo para defraudar al Estado, que lo hemos visto en el caso ProCultura. Lo hemos visto en el caso Democracia Viva y que lo hemos denunciado, nosotros en su momento al propio ex ministro Jackson, a la directora de Presupuestos, que está ahí como si nada hubiera pasado y por cierto también al ex mano derecha del Presidente Boric, Miguel Crispi (…) que sólo se han hecho valer sus responsabilidades políticas, pero no las responsabilidades que puede tener en la ideación de este mecanismo que viene, lo hemos dicho otras veces, importado desde España, el modelo Íñigo Arrejón”.
