“Nuestra tesis es que la compraventa está perfeccionada, existe una escritura pública que es lo que exige la ley, es la solemnidad que exige la Ley, concurrieron las voluntades tanto del fisco como de los vendedores, en este caso la señora Isabel Allende y se configura en nuestro juicio el contrato tal y como establece la causal del artículo 60, inciso segundo, que es la causal de sesión en el cargo de senador o diputado”.
Las palabras son del abogado de la Bancada Republicana, Emiliano García, quien llegó este jueves hasta el Tribunal Constitucional (TC), acompañado de los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval -ambos jefe y subjefe de Bancada, respectivamente-, además de sus pares José Carlos Meza, Luis Fernando Sánchez, para los alegatos respecto del requerimiento en contra de la senadora Isabel Allende, por la venta de la casa de su padre, ubicada en la calle GUardia Vieja, en la comuna de Providencia y en la búsqueda de la cesación del cargo de la parlamentaria.
En esta línea, García explicó que en términos de procedimiento “en primer lugar, sería un hecho inédito, nunca antes se ha removido del cargo de senador parlamentario a ningún senador o diputado chileno y evidentemente debería informar al Senado en este caso para removerlo y el cargo de senador queda vacante”.
Por su parte, el diputado José Carlos Meza, sostuvo que la concurrencia al TC es “para sostener nuestra tesis y también quiero reafirmarlo en términos políticos, porque lo que ha ocurrido acá es que una senadora con vastos años de experiencia parece que no conoce la Constitución, una senadora con vastos años de experiencia parece que no sabe que no puede celebrar contratos con el fisco”.
“Es el momento en que la institucionalidad se ponga de pie y haga valer el Estado de Derecho, es el momento en que el clan de los Allende entienda que no están por sobre la Ley”, agregó el parlamentario.
Mientras que el legislador Luis Fernando Sánchez, señaló que “los argumentos de la familia Allende no se sostienen en ningún caso. La ley es evidente, la cantidad de años que tienen tanto la ex ministra, como la senadora en sus respectivos cargos vuelven esto algo obvio y sin espacio a dudas. Hoy día la ciudadanía lo que está demandando es que los diputados, que la oposición, fiscalicemos intensamente y nos hagamos cargo de los abusos que se están cometiendo por parte de la izquierda y especialmente este verdadero clan de la familia Allende que usa los recursos de todos los chilenos para sus propios privilegios”. Eso no puede permitirse y por eso estamos aquí en el tribunal constitucional, para que los abusos terminen”.
Consultado por la tesis del Gobierno, respecto de que no existió la compra-venta, el diputado sostuvo que ésta no es aceptable “porque la Ley dice literalmente lo contrario y esto es algo que existe, esta normativa desde la época de Andrés Bello. Esto es algo que está regulado latamente y que ha sido conocido no solo por todos los políticos sino que por todos los chilenos, todos los abogados desde hace ya demasiado tiempo”.
“Es claro que quienes son autoridades públicas no pueden contratar con el Estado y que la normativa, o sea, cuando se entiende que uno ha contratado con otra persona es por la escritura pública, no por un acto administrativo, no por otro mecanismo. Eso es lo que va a sostener Emiliano García, nuestro abogado hoy día y esperamos que eso sea reconocido también por el tribunal”, finalizó.
