El diputado de la Bancada Republicana Luis Fernando Sánchez, presentó un proyecto de ley que busca ampliar lo que se conoce hoy como legítima defensa, tipificado en el artículo 10 número 4 del Código Penal.
La iniciativa del legislador busca realizar mejoras a los requisitos para que se establezca esta medida, carificándolos. Asimismo, modifica diversos cuerpos legales, contemplando de modo expreso medios defensa personal cuya utilización con ánimo de defender la propia vida, la de familiares o terceros, no debería ser sancionada.
“Habitualmente en el Trabajo territorial me toca conversar con muchas personas, uno de los casos que me ha llamado mucho la atención es el de Mónica. Es una persona de Viña del Mar, que un delincuente intentó ingresar a la mitad de la noche a su casa. Ella estaba sola con su nieto y tenía un arma de fuego legalmente inscrita por su marido. Ella tomó el arma hizo un disparo al aire, y por eso casi se va presa, le incautaron el arma y tuvo que pagar 100 mil pesos y el delincuente absolutamente nada”, aseveró.
En esta línea, el parlamentario agregó que “ese es el pago de Chile con quienes pretenden defenderse, quienes toman la decisión ante la inseguridad en este país, ante también la falta de recursos para Carabineros, ante la desprotección que todos los chilenos encontramos cuando alguien quiere ejercer la fuerza sobre cualquiera de nosotros. Esa termina siendo la actitud del Estado, del Ministerio Público y de la justicia, queremos cambiar las reglas para establecer algo muy sencillo: que siempre se presuma que quien se defienda está actuando en legítima defensa y que el Ministerio Público deba probar lo contrario”.
Otro aspecto que busca la iniciativa del legislador por el Distrito 7, Región de Valparaíso, es que realice una reforma en materia procesal penal para que, ante ciertos casos de legítima defensa, la carga de la prueba se invierta y recaiga en el Fiscal.
Para ello se introduce como nuevo principio básico del Derecho Procesal Penal, la noción de carga de la prueba presente en nuestra doctrina, y en ella, se coloca una excepción a la regla general relativa a ciertos supuestos de legítima defensa.
En este sentido, el diputado Sánchez agregó que: “El centro de esta reforma es que, ante una amenaza si las personas tienen un arma debidamente inscrita, y quieren defenderse o a sus seres queridos, van a poder hacerlo y que el Estado no le va a cargar la mano a ellos y le van a cargar la mano al delincuente”.
