A solo tres días de que se lleve a cabo la audiencia de formalización en contra de la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por el caso de Democracia Viva, el parlamentario del Partido Republicano y querellante en la causa, Juan Irarrázaval, expresó su confianza en que la justicia actuará con firmeza y responsabilidad, y sostuvo que las medidas cautelares deberían estar a la altura del grave perjuicio causado al Estado.
Según explicó el diputado Irarrázaval, “esperamos que la audiencia de formalización contra Catalina Pérez marque un antes y un después en este caso. Durante meses hemos exigido que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años. La ciudadanía merece respuestas y justicia. No se trata solo de una diputada ya desaforada, sino de un entramado político y administrativo que permitió el desvío de recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables de Antofagasta”.
Irarrázaval agregó que “como querellantes, confiamos en que la justicia actuará con total rigurosidad, sin presiones ni favores, porque no puede haber espacio para la impunidad. Lo ocurrido con Democracia Viva no puede volver a repetirse, y ya es hora de que todos los involucrados rindan cuentas ante la justicia de una vez por todas.”
En ese sentido, el legislador aseguró que “lo de Catalina Pérez no es un hecho aislado ni un error administrativo: es la punta del iceberg de cómo el Frente Amplio entendió el poder. Usaron fundaciones como cajas pagadoras, disfrazaron la militancia de trabajo social y terminaron transformando recursos públicos en financiamiento político encubierto. Incluso así lo demuestran los chats que han salido a la luz de Daniel Andrade, quien deliberadamente quería usar los campamentos y tomas de terreno —financiados con fondos públicos— para hacer proselitismo en más regiones. Nosotros no vamos a soltar esta causa, ni la de ProCultura, porque detrás de estos casos hay una estructura diseñada para defraudar al Estado con total impunidad”.
Finalmente, el parlamentario Republicano fue enfático en afirmar que “a pesar de las trabas que hemos enfrentado como querellantes para acceder a las actuaciones e imputaciones, estamos convencidos de que hubo un mecanismo institucionalizado. Y eso, le guste o no al oficialismo, sí existió. Los hechos son claros, las pruebas son contundentes. Esperamos no solo cautelares proporcionales al daño causado, sino una señal inequívoca de que la justicia en Chile actúa con decisión y sin concesiones.”
Fuente: Oficina Parlamentaria
