Tras darse a conocer detalles del Informe Final N°421 de la Contraloría General de la República (CGE), donde se develan una serie de irregularidades en la compra de terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) durante el gobierno de Gabriel Boric, los diputados del Partido Republicano que integran la Comisión de Vivienda, Macarena Santelices, Cristián Neira y Paz Charpentier, solicitaron que se cite a la próxima sesión de dicha instancia al ex titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes.
¿La idea?, que entregue detalles sobre los gastos incurridos por dicha cartera entre 2022 y 2024 para la ejecución de la mencionada política pública.
Cabe mencionar que el documento emanado desde el órgano fiscalizador, acusa una falta de controles en las tasaciones que sustentan la compra de terrenos, donde no existe evidencia suficiente de supervisión ni validación de estos informes, junto con la inexistencia de parámetros o rangos de precios definidos, situación que impide asegurar que las adquisiciones se hayan realizado a valores acordes al mercado.
Además, el informe también cuestiona la forma en que se gestionó la información, indicando que el seguimiento de las compras se realizó mediante planillas Excel con inconsistencias y registros incompletos.
Cabe recordar que en septiembre de 2025, la Bancada de Diputados del Partido Republicano, ofició al Minvu para obtener información detallada de la proyección de gastos y deudas del PEH, luego de que medios de comunicación expusieran que el Ministerio no tenía disponibilidad presupuestaria para la ejecución de los proyectos y mantenía millonarias deudas con algunas constructoras.
Ante estas irregularidades, Santelices apuntó directamente a “la mala gestión del exministro Montes y todo su equipo para el buen manejo de recursos que son de todos los chilenos. Existen ejemplos de sobra con respecto a las fallas dentro del ministerio para la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios en Viña del Mar y Quilpué y recientemente en la región de Biobío, por lo que no nos extraña que ahora la Contraloría haya detectado estas incongruencias en la compra de terrenos, que están completa y totalmente inflados, lo que significa un perjuicio enorme al Estado”.
En esa misma línea, Neira subrayó que el informe de la GCE es “contundente y los chilenos se merecen tener explicaciones por parte del máximo responsable de ejecutar una política pública que fue pésimamente ejecutada, por una serie de desprolijidades que afectan a miles de familias que están esperando por una solución habitacional y nos cae la legítima duda de si estas compras cumplen la normativa vigente y nos recuerda la ocurrido con las donaciones afines al gobierno pasado, donde hubo un despilfarro de los recursos públicos”.
Por último, Charpentier cuestionó si a esta altura “a alguien en Chile le asombra este tipo de informes de Contraloría respecto del gobierno de Boric. Un gobierno que todos sabemos celebró un contrato de compraventa respecto de un inmueble de una parlamentaria en aquella época, cuestión expresamente prohibida por la Constitución. Por tanto ahora este informe de auditoría nos revela lo que ya conocemos, un gobierno, como fue el de Boric, que estuvo dispuesto a jugar con el sueño de la casa propia de los chilenos”.
“El informe revela sobreprecios, incumplimientos a reglamentos, también una falta de transparencia y por tanto habrá que revisar en detalle lo que bien revela la Contraloría y entonces le pediremos como comisión respuestas y explicaciones al exministro Montes, que no es primera vez que está involucrado en este tipo de temas o cuestionamientos vinculados a Vivienda”, concluyó.
