Ante el escandaloso robo que afectó en las últimas horas a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como las posibles implicancias que esto podría tener en la investigación judicial respecto del denominado “Caso Convenios”, los Diputados Republicanos exigimos:
- La renuncia inmediata de los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, así como una intervención urgente de la Fiscalía y la Contraloría General de la República.
- Los graves hechos ocurridos esta madrugada en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia requieren de la acción urgente y decidida de la justicia y Contraloría para evitar que las evidencias de posibles delitos sigan siendo sustraídas y la investigación obstaculizada.
- Hacemos un llamado a que la justicia ordene el allanamiento e incautación de toda la evidencia que esté disponible en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como el de Vivienda y Urbanismo, aislando a los posibles implicados en eventuales delitos de la posibilidad de manipular o borrar la evidencia.
- Asimismo, exigimos al Presidente de la República, Gabriel Boric, la suspensión inmediata de su gira internacional y que solicite, a la brevedad posible, la renuncia indeclinable de los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes a sus cargos.
- La permanencia de los secretarios de Estado mencionados y de sus funcionarios más cercanos, son un peligro para la seguridad de la investigación y el Ejecutivo tiene que tomar medidas drásticas para poner atajo a la posible destrucción de evidencia en el caso de corrupción más grave que ha vivido este Gobierno.
- La inacción del Gobierno para prevenir el desvío de recursos públicos ha quedado en evidencia y día a día conocemos más casos y denuncias en esta materia. Pero es más grave aún, que a instancias del propio Gobierno, pueda existir una operación política para ocultar, encubrir y hacer desaparecer la información y las pruebas de estos casos, lo que es absolutamente inaceptable. El Presidente de la República debe actuar ahora o se hace personal y políticamente responsable de las graves consecuencias de estos hechos.
