Los parlamentarios del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Stephan Schubert, denunciaron ante la Controlaría General de la República a los académicos de la Universidad de Santiago (Usach) Alberto Mayol, Lucía Dammert y a Elisa Loncón, por suscribir con recursos públicos más de 40 contratos a honorarios de manera paralela a sus funciones académicas y que fueron realizadas en representación de la propia casa de estudio y de dos sociedades relacionadas a esta institución pública.
Según el escrito que presentaron los parlamentarios ante el órgano contralor, “mediante una serie de resoluciones exentas de la Universidad de Santiago de Chile y de contratos suscritos por la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Limitada y por la Sociedad Capacitación Usach Compañía Limitada, se aprobaron convenios a honorarios a suma alzada de funcionarios académicos pertenecientes a la Usach, para que mediante labores contratadas que serán realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, presten servicios mediante un monto determinado, imputado al presupuesto universitario, constituyéndose en varios casos como sobresueldos, en atención a que corresponden a las mismas labores que se ejecutan en su calidad de docentes, como académicos durante la jornada ordinaria por la cual están nombrados”.
El monto denunciado por los diputados republicanos supera los 45 millones de pesos y todos corresponden a contratos de prestación de servicios a honorarios, efectuados por empleados públicos, sin que exista detalle o se especifique en dichos documentos las labores contratadas. De acuerdo a la denuncia presentada, el académico de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol, ha suscrito 28 contratos a honorarios por la suma de $37.596.092; la ex jefa de asesores del Segundo Piso de la Presidencia, Lucía Dammert, realizó 10 contratos por $5.756.340, y la ex convencional, Elisa Loncón, efectuó tres contratos por $3.017.768.
En el oficio también se explicó que “estimamos que las contrataciones realizadas por personas jurídicas de derecho privado que pertenecen a la Usach y por la misma Casa de Estudios, se constituyen en sobresueldos, es decir, pagos extras, suplementos remuneratorios efectuados vía boletas de honorarios por el desempeño de funciones propias ejecutadas en su calidad de empleados públicos/docentes/académicos, que realizan durante la jornada ordinaria, siendo en definitiva trabajos realizados fuera de la jornada, pero por las mismas funciones, debiendo éstas ser remuneradas por la vía de horas extraordinarias y no sobresueldos”.
Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “es impresentable que una universidad estatal que recibe recursos públicos para la educación de todos los chilenos los use para pagar sobresueldos a operadores políticos, como lo son, para estos efectos la ex presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, la ex Jefa de asesores del Presidente Boric, Lucía Dammert, y el ex candidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol, a través de sociedades relacionadas. Esperamos que no haya recursos de la gratuidad involucrados, ya que sería un hecho más repudiable aún. Además, la Contraloría debería investigar a fondo este caso el rol que ha tenido el ex presidente y militante histórico del PS, Gonzalo Martner, quien ha estado a cargo de gran parte de estos contratos”.
En tanto, el diputado Stephan Schubert aseguró que “con esta acción buscamos que Contraloría indague si hubo mal uso de recursos públicos en estos contratos a honorarios suscritos por los académicos en cuestión, los cuales realizaron actividades remuneradas en nombre de la casa de estudios y paralelo a los contratos que ya tenían con esta universidad. Estamos hablando de grandes sumas de dinero, recursos que estaban destinados para financiar la educación de los estudiantes y no para pagar sobresueldos a estas personas, que además son conocidos rostros cercanos al Gobierno y al oficialismo. Creemos que acá hay una irregularidad e imparcialidad, en desmedro de los estudiantes y demás docentes, por lo que esperamos que se pueda investigar y tener el pronunciamiento de esta entidad fiscalizadora”.
En el escrito, los diputados del Partido Republicano argumentaron que la propia Contraloría, en un dictamen de febrero de este año respecto de la contrataciones administrativas realizadas también por la Usach, señaló que dichos contratos “afectan la imparcialidad” además de que “a través de su rector, se está contratando con una parte relacionada y se configura como un conflicto de intereses, pues concurren circunstancias que le restan imparcialidad a esa autoridad en el ejercicio de sus competencias”, existiendo ya un precedente en la materia que lo prohíbe.
