“El sentido común se impuso”. De esa forma, los diputados Republicanos José Carlos Meza y Renzo Trisotti resumieron la discusión de la reforma a la Ley de Migraciones (21.325) que este martes culminó su primer trámite en la Cámara de Diputados, con aprobación unánime en la Sala.
Pese a que los diputados oficialistas, en su mayoría, se restaron de buena parte del debate que se desarrolló por varios meses en la Comisión de Gobierno Interior, el Gobierno y los parlamentarios de oposición lograron amplios acuerdos.
Así, la iniciativa robustece la legislación al proteger de mejor manera los derechos de los nacionales, por ejemplo, respecto de salud y educación; aumenta al doble (de 5 a 10) la cantidad de años para nacionalizarse; genera mayor control y sanciones respecto del ingreso y salida de migrantes; pone mayores trabas o derechamente impide la regularización de personas condenadas por delitos de diversa gravedad; resguarda a los menores de edad en lo relativo a su situación migratoria; genera consecuencias pecuniarias hacia los expulsados, y establece sanciones mucho más duras hacia quienes colaboran con el tráfico de migrantes, por ejemplo, respecto de quienes presten los medios de transporte para el ingreso ilegal.
En opinión del diputado Trisotti, que representa a la Región de Tarapacá, “esta modificación limita el voluntarismo que se impuso durante la tramitación, en el año 2018 y 2019, porque se modifica un principio fundamental, donde se termina ese romanticismo de algunos sectores de izquierda, que establecía sin limitaciones el derecho a migrar o que nadie es ilegal”.
Además, destacó que “se establece de manera expresa que las incivilidades no van a ser protegidas o soportadas y se van a poder revocar los permisos de permanencia definitiva o temporal frente a la ocurrencia de una serie de estas incivilidades”.
“Chile vive una verdadera invasión de inmigración ilegal. Más allá del romanticismo con el que algunos todavía intentan tratar este tema, lo cierto es que nuestra frontera se ha convertido en un verdadero colador”, aseveró el diputado Meza.
Respecto del mensaje –ingresado por el Ejecutivo en julio de 2023-, Meza subrayó que “la ley de migraciones y el endurecimiento que ha tenido por parte de la comisión de Gobierno Interior es una buena noticia (…) se ha logrado equiparar, por fin, y eliminar los privilegios que el extranjero ilegal tiene en nuestro país”.
¿Una zanja?
Aunque ambos legisladores consideraron la iniciativa como un avance positivo, remarcaron la necesidad de fortalecer el resguardo de la frontera con medidas físicas, como podría ser una zanja, muro o reja. De lo contrario, dijeron, “la migración ilegal va a seguir siendo un problema grave para nuestro país”.
En este sentido, Meza sostuvo que “mientras no enfrentemos con firmeza el problema que vive nuestra frontera, mientras nuestra frontera siga siendo un verdadero colador y no se ponga un límite físico, sea éste una zanja, una reja o, incluso, un minado en el territorio para que, de una vez por todas, pare el ingreso de esta verdadera invasión de migrantes ilegales, todos los esfuerzos que hagamos al interior van a ser meras declaraciones de intenciones”.
“Los que pagan la crisis de migración ilegal en Chile no son las familias ricas, no son los que viven en los barrios más acomodados y, ciertamente, no son los políticos que tomamos estas decisiones, son las personas que viven en los barrios más vulnerables y que tienen que enfrentar el crimen organizado, la inseguridad y tienen que ver cómo el extranjero ilegal se salta la fila por los privilegios que el gobierno conscientemente les ha entregado”, concluyó.
FUENTE: OFICINA PARLAMENTARIA
