Si bien la campaña por el Plebiscito de Salida ya terminó, el que culminó con un rotundo rechazo a la propuesta de constitución de la Convención, existen algunos hechos que continúan en la interrogante, como por ejemplo, el origen de los recursos para los masivos eventos realizados por los líderes de la opción Apruebo, entre ellos el “Apruebazo” de Maipú.
Así, hoy se conoció que la Fiscalía Metropolitana Occidente se encuentra investigando, precisamente, el origen de esos dineros, tras la denuncia de los diputados de la Bancada Republicana José Carlos Meza, Agustín Romero y Cristóbal Urruticoechea.
Para el legislador que lideró la acción legal, José Carlos Meza -actual jefe de Bancada-, el hecho de que el Ministerio Público haya iniciado una investigación, da cuenta de que “como el Gobierno, muchos alcaldes le pusieron mucho más ‘pino’ a la campaña de la Apruebo, que a gestionar los problemas y soluciones para sus vecinos”.
“Es por eso que esperamos que se llegue al fondo en esta investigación y nos digan de una vez por todas, si es que efectivamente, se usaron recursos públicos y se destinaron funcionarios municipales para este tipo de actos. Lo que es inaceptable que durante seis meses los alcaldes, como el caso del alcalde de Maipú, se hayan dedicado más a mover banderas y a subir al escenario a bailar para el Apruebo, que haber encontrado soluciones para los problemas de sus vecinos”, enfatizó el parlamentario por la Región Metropolitana.
Mientras que el representante Republicano Agustín Romero, recordó que “se gastaron millones del presupuesto municipal en un espectáculo por el texto que fue rechazado por la ciudadanía”.
En ese sentido, el parlamentario por el Distrito 8, Región Metropolitana, apuntó sus dardos al alcalde de esa comuna, Tomás Vodanovic, sobre quien acusó de estar “dedicado a hacer campaña con plata municipal, la crisis de seguridad llegó a niveles insostenibles. Incluso, vimos el asesinato de un joven en una discotec que estaba clausurada”.
“El caso contra la Municipalidad está ahora en manos de la Justicia, y es importante que el caso no quede durmiendo. La Fiscalía debe investigar en profundidad, ya que este gasto representa un robo y uso ilegal de recursos públicos, cuestión que no podemos tolerar. La justicia debe dar una respuesta clara a la ciudadanía sobre la legalidad de estos gastos y aplicar las penas para los responsables”, finalizó.
