Diputados del Partido Republicano, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, solicitaron a la Cancillería investigar y aplicar sanciones a funcionarios diplomáticos chilenos que habrían realizado gestiones en favor de la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Esto, pese a que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró formalmente la postulación el pasado 24 de marzo.
De acuerdo con la información disponible, funcionarios remunerados con recursos públicos habrían utilizado correos electrónicos, mensajería y reuniones en dependencias de la Embajada de Chile en Nueva York para coordinar gestiones en favor de esta candidatura, incluso sosteniendo encuentros con autoridades del sistema de Naciones Unidas.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Stephan Schubert, calificó los hechos como de “extrema gravedad” y advirtió que la política exterior no admite acciones paralelas.
“Ha trascendido que funcionarios públicos, en lugar de trabajar por los intereses de Chile, estarían haciendo campaña por una candidatura que no representa la posición oficial del país”, sostuvo.
El legislador recalcó que quienes ejercen funciones diplomáticas deben actuar conforme al mandato del Estado.
“Si algún funcionario quiere hacer campaña, puede hacerlo, pero fuera de su cargo. No corresponde utilizar tiempo ni recursos públicos para fines político-partidistas”, planteó.
Asimismo, advirtió que existe una instrucción clara del Ejecutivo que debe cumplirse. “Aquí hay una directriz que se está desobedeciendo. Lo que corresponde es que se investigue y se apliquen las sanciones que correspondan”, añadió.
En la misma línea, la diputada Catalina Del Real calificó la situación como “inaceptable” y solicitó una investigación formal.
“Chile retiró esta candidatura el 24 de marzo, sin embargo, hay funcionarios que seguirían operando en sentido contrario. Eso vulnera completamente las instrucciones de la Cancillería”, indicó.
La parlamentaria enfatizó que la política exterior es una política de Estado. “Estos funcionarios no pueden actuar por cuenta propia. Esperamos que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades”, afirmó.
Agregó que los antecedentes conocidos exceden las atribuciones de los involucrados.
“Las coordinaciones que se han realizado van más allá de lo que corresponde a un funcionario diplomático. Esto debe investigarse y sancionarse”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Cristián Araya, se sumó a las críticas, señalando que se trata de una desobediencia directa al mandato del gobierno.
“Estamos frente a funcionarios pagados con recursos de todos los chilenos que, en horario laboral y desde dependencias oficiales, están operando por una candidatura que Chile ya no respalda. Eso no es un error, es una insubordinación”, afirmó.
El parlamentario añadió que la conducción de la política exterior corresponde al gobierno en ejercicio.
“La política exterior la define el Presidente de la República, no funcionarios de administraciones anteriores que pretenden seguir impulsando agendas propias”, sostuvo.
Finalmente, Araya señaló que quienes deseen participar en actividades políticas deben dejar sus cargos.
“Si quieren hacer campaña, que renuncien. Lo que no puede ocurrir es que se utilicen recursos del Estado para fines que no representan a Chile”, concluyó.
