Los diputados de la Bancada Republicana oficiaron al Ministerio de Salud por la contratación del periodista Pascual Pichún Collonao, con el fin de que preste servicios comunicacionales en la Seremi de Salud de La Araucanía, hecho dado a conocer en las últimas horas.
La preocupación de los parlamentarios opositores es que en el pasado, Pichún fue condenado por el delito de incendio y hermano de un vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
Así, la acción fiscalizadora tiene como objetivo que la cartera informe las razones que justifiquen la contratación del cuestionado periodista.
“No les basta con desvincularse del dolor que viven las familias del sur. No les basta con ignorar que todos los días pisoteen los derechos civiles y ciudadanos de las familias en el sur. Hoy suman a su despreocupación la contratación de uno de los principales actores del terror que se vive en las regiones del Biobío y de La Araucanía”, criticó el jefe de la Bancada Republicana, Cristóbal Urruticoechea.
En ese sentido, el parlamentario por la Región del Biobío añadió que la contratación de Pichún es “una verdadera postura desafiante y casi demencial del Gobierno de Chile hacia todo un país”.
Entre los puntos que piden los legisladores, se aclare, se encuentran las razones que justifican la llegada del cuestionado profesional a la Seremi, las funciones que deberá cumplir y su remuneración.
El diputado por el Distrito 23, Región de La Araucanía, Mauricio Ojeda, sostuvo que si bien el Seremi Andrés Cuyul, afirmó que Pichún no tiene nexos con la CAM, a juicio del legislador eso es un problema.
“Esto porque todos tienen derecho a rehabilitarse, lamentablemente los integrantes de la CAM actúan encapuchados, por lo tanto no podemos dar certeza de que pertenece o no a la Coordinadora Arauco Malleco”, aseveró.
Otro antecedente que piden los parlamentarios es saber si es que el Ministerio de Salud estaba en conocimiento de esta contratación.
Por su parte, el también legislador Republicano por el Distrito 23, Stephan Schubert, sostuvo que “nos parece por decir lo menos, que no es apropiado y que es una falta de respeto que en esta región, que ha sufrido la violencia, que ha sufrido el delito de incendio hasta decir basta, que precisamente se contrata a una persona que fue condenada por ese delito en las causas de la violencia rural”.
“Llamamos al Gobierno a que no le falte el respeto a los chilenos, porque es un acto tremendamente ofensivo, que en esta región haya contratado a esta persona. Y llamamos a que rectifique este error, despida a esta persona y contrate a otro profesional que no tenga un prontuario para que sirva, con fondos públicos, en este caso al Gobierno de Chile”, finalizó el parlamentario.
