Diputados del Partido Republicano valoraron las gestiones del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para revisar y dejar sin efecto los beneficios mal otorgados, luego de que la Contraloría concluyera que el proceso —sustanciado durante el gobierno anterior— no se ajustó a Derecho e instruyera reabrir el procedimiento para perseguir responsabilidades administrativas.
Según los antecedentes, el órgano contralor concluyó que la investigación desarrollada durante el mandato anterior no agotó el análisis de las eventuales responsabilidades administrativas, por lo que instruyó reabrir el procedimiento disciplinario. El informe de la Contraloría ya había detectado irregularidades en el otorgamiento de las pensiones —entre ellas, expedientes sin antecedentes médicos suficientes y beneficiarios con condenas penales—, lo que motivó la decisión del Ejecutivo de examinar la totalidad de los beneficios vigentes.
El jefe de la Bancada Republicana, diputado Benjamín Moreno, remarcó el camino emprendido por el Ejecutivo, en el uso responsable de las arcas fiscales.
“Es un anuncio de toda responsabilidad para con el uso de los recursos públicos y va en la dirección de la justicia. No corresponde que personas obtengan pensiones de gracia de una manera fraudulenta o para la cual nunca debieron haberla recibido. Es incluso de sentido común lo que está avanzando el subsecretario Pavez”, afirmó.
Por su parte, la diputada por la Región Metropolitana Javiera Rodríguez recordó que la Bancada ha empujado el fin de este beneficio y vinculó las irregularidades con la administración anterior.
“Hace tiempo hemos impulsado el término de este beneficio, porque sabemos que ha sido un proceso que se hizo de forma irregular, y así lo demostró la Contraloría. Por eso ordenó reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades de quienes estuvieron durante el gobierno anterior e impulsaron la entrega de estos beneficios”, aseveró.
La parlamentaria también emplazó a avanzar con celeridad: “Todo el apoyo a que el Gobierno prontamente pueda hacer el retiro de estos beneficios y todos los estudios pertinentes que ameriten acabar con todo el octubrismo que está presente en el Estado de Chile aún”.
En tanto, el diputado por la Región de Valparaíso Sebastián Zamora —ex carabinero— reparó que el beneficio no puede premiar a quienes provocaron desórdenes y exigió perseguir responsabilidades.
“Las pensiones de gracia no pueden transformarse en un premio para quienes se aprovecharon del caos. Si la Contraloría concluyó que el proceso no se ajustó a derecho, hay que reabrir el sumario, identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan”, subrayó.
El legislador remarcó que no puede haber impunidad: “Resulta inaceptable que se haya utilizado al Estado para beneficiar irregularmente a personas. Aquí no puede haber impunidad ni tampoco protección política para nadie”.
Asimismo, la diputada Valentina Becerra, representante del Distrito 13, llamó al Gobierno a actuar con rapidez y a destinar los recursos a quienes cumplen los requisitos legales.
“La Contraloría fue clara al advertir irregularidades en la entrega de estas pensiones de gracia, por lo que sabemos, el Gobierno actuará con rapidez y sin contemplaciones. Los recursos públicos deben destinarse a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, sostuvo.
La parlamentaria planteó que la reapertura de sumarios debe traducirse en sanciones y respetar el principio del buen uso de los fondos públicos: “Esperamos que permita establecer todas las responsabilidades administrativas y que se revoquen aquellos beneficios otorgados sin el debido fundamento. La transparencia y el buen uso de los recursos del Estado no pueden relativizarse”.
Finalmente, el diputado y general en retiro de Carabineros, Enrique Bassaletti, apuntó directamente a la gestión de la administración anterior.
“Nuevamente la Contraloría deja en evidencia lo laxo, lo irresponsable —por decirlo de manera suave— del gobierno anterior respecto de las entregas de pensiones en el contexto del estallido insurreccional de 2019. Se ha reabierto ese sumario por parte del Gobierno actual y esperamos realmente que se haga justicia, terminando con esta arbitrariedad de entregar pensiones a personas que no solo no las merecen, sino que han ido apareciendo como autores de delitos y con prontuarios increíbles”, advirtió.
El parlamentario cerró expresando su expectativa de que el proceso termine con sanciones: “Tenemos mucha esperanza de que ahora sí haya un verdadero sumario, con responsables, pero también que se le ponga fin a ese despilfarro de recursos que hizo el Gobierno anterior”.
