Los diputados de la Bancada Republicana presentaron un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, en contra del presidente de la comisión de Trabajo, el parlamentario del PS Juan Santana.
Lo anterior, a raíz de la reunión clandestina en la que reveló haber participado junto a representantes de las AFP, en medio de la tramitación del proyecto de Reforma de Pensiones que el Gobierno envió al Congreso Nacional.
“Creemos que hoy día en la tramitación de la Ley de Reforma Previsional está siendo viciada por la participación de un presidente que participó en reuniones clandestinas con el lobbista Pablo Zalaquett. Y bajo ese predicamento lo que corresponde hoy día es aclarar cuál es la posición que tiene nuestra Comisión de Ética”, sostuvo el jefe de la Bancada Republicana Agustín Romero.
En esa línea, el parlamentario explicó que “no podemos darnos el lujo de que en este Congreso Nacional salgan leyes corruptas como decía antiguamente la izquierda como pasó con la Ley de Pesca y ahora va a salir de esta manera una ley corrupta con la reforma previsional”.
En el documento, los parlamentarios opositores dan cuenta de la importancia que tiene Santana en la discusión de la tramitación del proyecto de Reforma de Pensiones, pues es él quien lidera las conversaciones.
“Como presidente de esta comisión, el diputado Santana desempeña un papel crucial en la configuración de la discusión política y técnica del proyecto de ley y en la toma de decisiones relacionadas con el sistema de pensiones de nuestro país. Su posición le brinda le brinda ante todo prerrogativas específicas en la dirección del debate legislativo”, señala el escrito.
El texto también advierte que el hecho de que haya participado de la bullada reunión con representantes de las AFP, impide al legislador socialista “representar de manera imparcial los intereses de todos los sectores involucrados en el proceso legislativo, no da garantías suficientes para una discusión transparente y, en definitiva, contamina toda la tramitación del proyecto de ley”.
En ese sentido, Romero explicó que “nosotros tenemos que salvaguardar que nuestras instituciones funcionen y que las personas que dirigen las comisiones, que son las que fijan la tabla, las urgencias y que dan la continuidad del debate, tengan la suficiente idoneidad y no estén relacionados con ningún tipo de reunión clandestina”.
