En medio de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público para indagar presuntas irregularidades que involucran a la Fundación ProCultura, en el marco del denominado caso Convenios, diputados del Partido Republicano presentaron una querella criminal contra el cofundador de la ONG, Alberto Larraín, y su representante legal, Constanza Gómez, así como también contra todos los funcionarios públicos que resulten como autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al fisco.
Según el documento presentado por los parlamentarios Juan Irarrázaval y Agustín Romero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se acusaron graves irregularidades en el millonario convenio entre la Gobernación Metropolitana (GORE RM) y la Fundación ProCultura, que superó los $1.683.780.000.
“Resulta evidente que en ningún momento existió un debido control sobre los fondos públicos. Ya el mero hecho de entregar -mediante un único giro- la totalidad de los dineros al inicio de los servicios, demuestra que se permitió dolosamente la defraudación por parte de ProCultura. Tampoco se disponía de los medios adecuados para un control de los recursos y la efectiva prestación de los servicios contratados. En resumen, se entregaron a libre disposición la totalidad de los dineros, sin las mínimas medidas de control y fiscalización, a lo cual se encuentran obligados los funcionarios públicos que administran dineros del Fisco”, aseguró el escrito.
Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “nosotros como querellantes, entre las divisiones y declaración de secreto que se acaba de prorrogar, de las carpetas investigativas sobre Procultura, hemos estado todo este lapso en completo vilo, como todo el país por lo demás, no teniendo noticia alguna respecto de los avances de las distintas aristas si no fuere por las filtraciones de la prensa. Eso, sumado a que esos antecedentes que emergieron los últimos días estrechan el cerco sobre el Presidente de la República en este caso, ha forjado en nosotros la convicción de hacernos parte de la causa principal a través de esta acción”.
“Porque hoy hablar de Procultura es hablar de Gabriel Boric. Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su ex pareja e incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel. Detrás de ellos sólo está Gabriel Boric, ¿acaso queda alguien más detrás? ¿Quién sino él vincula a Alberto Larraín, Miguel Crispi e Irina Karamanos? ¿Quién sino alguien como él ha podido promover a Procultura a lo largo de todo Chile y hasta las más altas esferas? La manera de llegar hasta el final es precisamente siendo parte de esta causa y observar su desarrollo, y creemos que los antecedentes conocidos sobre Miguel Crispi, Irina Karamanos y la Gobernación Metropolitana de Claudio Orrego son un buen punto de partida”, agregó Irarrázaval.
Al respecto, el diputado Agustín Romero aseguró que “lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones. No sólo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos. Orrego no puede seguir escudándose en excusas cuando los hechos parecen apuntar a una clara complicidad en la entrega de fondos a una red de favoritismos que podrían haber defraudado al Fisco. Serán los tribunales de Justicia los encargados de determinar si la negligencia y corrupción son los sellos que han marcado la gestión del Gobernador Orrego, y que estos hechos no queden impunes”.
En la querella presentada por legisladores también se solicitó al Ministerio Público que se“despache una orden de investigar a la BRIAC Metropolitana a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría”. Adicionalmente, se requirió que “se disponga que CIBERCRIMEN de la Policía de Investigaciones de Chile concurra a las dependencias de las oficinas de ProCultura y requiera la entrega voluntaria de una copia de los correos institucionales, de los equipos computacionales y teléfonos.
FUENTE: OFICINA PARLAMENTARIA
