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Entrevistas

Republicanos solicitan a Contraloría fiscalizar polémica orden del ministro de Agricultura que suspende división de terrenos agrícolas 

Los diputados alegan que la autoridad estatal no tiene las atribuciones para el mandato, ya que la parcelación está regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcción. “No ayuda en nada a evitar loteos brujos”, señalaron.

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Los diputados Republicanos Benjamín Moreno y Harry Jürgensen, solicitaron a la Contraloría General de la República fiscalizar una orden que suspende toda Subdivisión de Predios Rústicos, enviada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

 

Lo anterior, debido a que a su juicio la autoridad estatal no tiene las atribuciones para hacerlo.

 

Es por eso que el diputado Benjamín Moreno, del Distrito n° 17, Región del Maule, enfatizó que “es muy importante que el Ministerio de Agricultura ponga los puntos sobre las íes, ahí donde corresponde, que dé un buen impulso a la agricultura para que ésta sea cada día más potente, y que no intente frenar de manera arbitraria y pasando por sobre la Ley, algo que le puede corresponder a cualquier chileno, que es vivir en el campo”.

 

Esto último porque actualmente la división de terrenos agrícolas ya está regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcción, por lo que la orden del ministro estaría pasando a llevar la Ley 

 

Respecto al problema de fondo, el diputado Moreno agregó que “estamos conscientes de que existe algún problema en esta materia, pero esta solución que está intentando dar el Ministerio de Agricultura no ayuda para nada a frenar los loteos brujos, ni tampoco va a ayudar a que la agricultura sea más rentable, ni va a dar un apoyo verdadero a los agricultores que hoy en día así lo están demandando”.

 

En esa misma línea, el parlamentario Harry Jürgensen, representante del Distrito 25°, Región de Los Ríos, explicó que “hemos presentado un requerimiento ante Contraloría por la circular del Ministro de Agricultura que pensamos que es ilegal”.

 

Criticando además que la medida le entrega la atribución al SAG de determinar si dichas subdivisiones pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de la zona. 

 

“El Ministro se equivoca, porque no puede pretender dejar en manos de los funcionarios públicos la aprobación o rechazo de una subdivisión de terreno, basándose principalmente en sospechas para tomar decisiones, lo que puede terminar en discrecionalidades y clientelismo”, finalizó el parlamentario. 

 

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