Tras recibir una serie de denuncias, el diputado Republicano -y candidato al Senado por la Región de Tarapacá-, Renzo Trisotti, ofició tanto al jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, como a la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez.
¿La razón de las denuncias? La posible existencia de un instructivo que permitiría a beneficiados con viviendas sociales o subsidio habitacional, chilenos o extranjeros, realizar la correspondiente suscripción de la escritura de propiedad desde el extranjero, a través de un poder o mandato autorizado vía consulado.
“Hemos recibido antecedentes respecto de esta situación, que a nuestro juicio es a todas luces anómala, pues en Chile hay miles de familias esperando por un subsidio o una vivienda social, mientras compatriotas o extranjeros que están fuera del país, pueden acceder a estos beneficios sólo con un documento”, criticó el legislador.
En este sentido, el parlamentario se preguntó “si es que esto viene pasando desde hace tiempo, ¿quiénes están habitando las casas sociales entregadas mediante estos poderes autorizados en los consulados, si no están allí los verdaderos dueños?”.
Este último es, precisamente, uno de los puntos que el diputado Trisotti solicitó despejar en su oficio a la Contralora General Dorothy Pérez, mientras que al titular del Minvu pidió conocer si es real la existencia de tal instructivo.
En el escrito dirigido a la contralora Pérez, el también candidato a senador pidió iniciar “un procedimiento de fiscalización destinado a verificar la existencia y legalidad de este instructivo, que habría sido dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y/o los Servicios de Vivienda y Urbanismo”.
Mientras que en caso de ser efectivo solicitó un “pronunciamiento sobre la legalidad de dicho (s) instructivo (os), requiriendo a los órganos públicos fiscalizados que informen cuántos casos se han verificado en esta situación, precisando las medidas adoptadas por Minvu, así como también, para que ponga en conocimiento del órgano de control si las viviendas, debidamente asignadas, están siendo precisamente ocupadas por los beneficiados que corresponde, remitiendo actas o constancias asociadas a las investigaciones y fiscalizaciones practicadas al efecto”.
Así, también pidió al ente fiscalizador precisar “los procedimientos y sanciones aplicadas en caso de contravenir las condiciones de su otorgamiento, conforme a la ley y los reglamentos vigentes, así como también, si han remitido los antecedentes al Ministerio Público ante la noticia de hechos que pueden revestir caracteres de delito, señalando el número de casos pesquisados en esta situación de ilegalidad, y la fecha de remisión de tales antecedentes, desagregados por región”.
“Finalmente, y para el caso de ser efectiva la existencia de dicho instructivo, solicito se sirva emitir pronunciamiento si ese acto administrativo contraviene los principios de Transparencia, Control, Legalidad y Probidad que rigen para la administración pública, incoando u ordenando, vuestra autoridad, los procedimientos administrativos que resulten procedentes, a fin de determinar eventuales responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, tanto respecto de los órganos públicos involucrados como de las personas beneficiarias que se encuentran en esta situación de irregularidad”, señaló el legislador en su solicitud.
