“Adherimos porque creemos que acá el que las hace las paga”. La frase es del jefe de la Bancada de Diputados Republicanos Benjamín Moreno, quien firmó este lunes la Acusación Constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, en conjunto a sus pares de la tienda política Valentina Becerra e Ignacio Urcullú.
El ex secretario de Estado es responsabilizado de haber entregado información fiscal inconsistente y de no haber incorporado compromisos de gasto vigentes en la programación financiera del Estado.
Entre los antecedentes que cita el libelo figuran el cierre estructural de 2025 —un déficit de 3,7% del PIB frente a la meta de 1,6% comprometida por la autoridad— y la postergación de pagos desde 2025 hacia 2026 por cerca de US$3.200 millones, que según el plan Inspección Total afectó prestaciones de salud, alimentación escolar, gratuidad universitaria y a casi 10.000 pymes proveedoras del Estado.
“Desde el Partido Republicano adherimos a esta Acusación Constitucional porque creemos que acá quien las hace las paga (…) cuando una persona, en una empresa, oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real con el fin de obtener réditos que no se merece, a esa persona se le persigue, se le trata de criminal (…) no vamos a aceptar que quien maquille estados financieros y situaciones contables de un país entero quede en la impunidad”, señaló.
El parlamentario planteó que el desvío fiscal no corresponde a un error de cálculo, sino a una decisión política, y lo dimensionó con cifras y un referente internacional.
“Quizás el caso más emblemático es el de Grecia. Esto no es un hecho menor: Cuando hablamos de dos puntos del Producto Interno Bruto de desvío, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares (…) no estamos hablando de un error de cálculo, estamos hablando de una decisión política donde el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue la cara visible. (…) Supimos que el ex ministro no actualizó ni incluyó dentro de la administración financiera del Estado pagos que correspondían por alrededor de 3.200 millones de dólares, deudas pendientes hacia pequeñas y medianas empresas que un ministro de Hacienda no pagó, por el orden de 270 millones. Esto es de extrema gravedad”, advirtió.
Por su parte, la diputada por el Distrito 13, Valentina Becerra, señaló que el trabajo se realizó de manera transversal y que su objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos.
“Estoy sumamente satisfecha con el trabajo transversal que hemos realizado en la Cámara, ya que firmamos una acusación constitucional en contra del exministro Grau. No podemos permitir que se le mienta a todos los chilenos, que no se le entregue de manera transparente la información de los recursos públicos: cómo se utilizaron, cómo se gastaron o malgastaron y a dónde fueron a parar esos recursos (…) vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley, ejerciendo nuestra labor fiscalizadora, porque lo que queremos es que cada chileno sepa dónde, cuándo y cómo se gastaron los recursos”, subrayó.
Finalmente, el diputado por el Distrito 4, Ignacio Urcullú, llamó a ampliar la investigación para dimensionar el daño a la economía.
“Soy uno de los que firmó la acusación constitucional contra el exministro Grau. Tenemos que llevar esta investigación lo más amplio posible, para tener todos los antecedentes que nos permitan saber el alcance del daño que se le ha hecho a la economía del país y el paupérrimo estado en que recibimos la administración del Presidente José Antonio Kast, que se ha visto en todas las auditorías internas que estamos haciendo”, sostuvo.
El parlamentario reafirmó su disposición a agotar el proceso. “Vamos a llevar adelante esta investigación y a llegar hasta las últimas consecuencias”.
Conforme al procedimiento constitucional, la Cámara deberá designar una comisión de cinco diputados que informe sobre la procedencia de la acusación, antes de que la Sala se pronuncie sobre si la acoge. De aprobarse, los antecedentes pasarán al Senado, que resolverá como jurado.
