Los diputados Republicanos Paz Charpentier y Luis Fernando Sánchez, emplazaron a su par de Acción Humanista Ana María Gazmuri, a aclarar si es que su equipo mantiene vínculos con integrantes de la empresa que construyó las casas en el sector de El Olivar, tras el megaincendio de 2024 y que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca demoler, luego de encontrar una serie de fallas.
De acuerdo a las denuncias recibidas por los parlamentarios, la legisladora de oposición ha llegado a reuniones del Serviu con vecinos de la zona afectada en compañía de quien sería dueño de “Social Arquitectura”, una de las empresas querelladas por hacer casas deficientes.
En ese sentido, la diputada Charpentier cuestionó el rol que ha cumplido Gazmuri, quien según denunció, “ha defendido a estas empresas, a mi juicio, de carácter truchas, lo que resulta inexplicable”.
“¿La diputada se hará cargo personalmente de la inseguridad que representa para las familias que eventualmente iban a vivir en estas viviendas construidas, sin cumplir los requerimientos técnicos?, Que aclare si algunas personas que aparentemente trabajarían o son representantes de estas empresas, formarían o no parte de su equipo de trabajo. Nos enteramos y podemos concluir que durante ese proceso había personas aprovechándose y lucrando con la tragedia de las familias”, criticó la parlamentaria.
Asimismo, la legisladora por la Región del Biobío, añadió que “tenemos antecedentes de que ha existido empresas que construyeron viviendas derechamente inseguras para las familias damnificadas. Esto lo acreditan informes de carácter técnico y adicionalmente hemos tenido a la vista antecedentes que dan cuenta de vinculaciones de algunas entidades patrocinantes con funcionarios públicos del Serviu que les habrían permitido acreditar experiencia que no tenían. Es decir, se han aprovechado de vínculos de carácter familiar o de otro tipo para obtener beneficios en el contexto de la emergencia”.
Respaldo a solicitud de Poduje al CDE
Tanto Charpentier como Sánchez, también valoraron la solicitud realizada por la cartera que lidera el ministro Iván Poduje, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de presentar una querella y una auditoría nacional a los convenios de asistencia técnica vigentes.
En ese sentido, el diputado Sánchez recordó que dentro de los antecedentes dados a conocer, existiría “algún tipo de coordinación, algún tipo de vínculo de comunicación entre una empresa y funcionarios públicos, que toman decisiones respecto de la reconstrucción y donde al parecer, y creo que es dable concluir, habrían estado primando intereses comerciales, intereses de alguna empresa por sobre las necesidades, por sobre los derechos que tienen las víctimas del megaincendio, aquí particularmente en la región de Valparaíso, de recuperar su casa, la casa que perdieron por un incendio que avanzó todo lo que sabemos por negligencia del Estado”.
“Es muy importante que estas querellas se presenten y ojalá que abarquen todos los aspectos que sean relevantes. O sea, si es que aquí hubo algún tipo de vinculación con algún funcionario público, por supuesto que eso se investigue y que haya sanciones. Si la empresa obtuvo algún trato privilegiado, por supuesto que se investigue, si esa empresa está presentándose en terreno o en reuniones con la colaboración de una diputada (Gazmuri), por supuesto que se investigue también”, finalizó el legislador por la Región de Valparaíso.
