Una semana. Ese es el plazo en que los diputados Republicanos esperan tener observaciones al texto de la Acusación Constitucional en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández Allende, a raíz de la compra de la casa presidencial de su abuelo Salvador Allende, en la comuna de Providencia.
En el documento, los parlamentarios de oposición explican que la autoridad “celebró un contrato de compraventa con el Fisco de Chile mientras ejercía como ministra”.
Esto está expresamente prohibido por la Constitución, por lo que se pide que ésta sea destituida de su cargo e inhabilitada para ejercer funciones públicas por cinco años.
Lo anterior, debido a que el Artículo 37 bis de la Constitución Política de la República prohíbe expresamente que los ministros “celebren o caucionen contratos con el Estado”.
En ese sentido, los legisladores sostienen que pese a que no se llegó a la entrega de los 24.291,72 UF, “la sola firma del acuerdo ya configura una violación constitucional”.
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